El ex-Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se verá económicamente blindado gracias a un reciente acuerdo de amnistía. Esta medida le otorga una pensión vitalicia que asciende a más de 7.000 euros al mes, equivalente al 60% del sueldo que percibía durante su mandato como Presidente.

La amnistía, que ha generado controversia en varios sectores del espectro político español, implica la anulación de todas las condiciones legales que pesaban en contra de Puigdemont. Esto no solo le libera de cargos legales, sino que también restablece sus derechos económicos como ex-mandatario.

Actualmente, Puigdemont ya recibe una suma significativa de 10.000 euros mensuales en su rol como eurodiputado. Con la adición de la pensión vitalicia, su seguridad económica parece estar más que asegurada, un hecho que no ha pasado desapercibido entre sus críticos y el público en general.

"Estamos observando cómo se utiliza la política para enriquecer a individuos que han desafiado abiertamente nuestro sistema legal", expresó un miembro destacado de la oposición, evidenciando el descontento y la preocupación por lo que muchos perciben como un uso indebido de la amnistía para beneficios personales.

Por otro lado, los partidarios de Puigdemont y del movimiento independentista catalán ven esta decisión como un paso necesario hacia la reconciliación y la justicia, argumentando que la amnistía es una herramienta esencial para resolver conflictos políticos de larga data.

Este desarrollo en la saga política de Puigdemont no solo reabre el debate sobre las consecuencias del independentismo catalán, sino que también plantea interrogantes acerca de la relación entre política y beneficios económicos personales. La sociedad española y catalana, profundamente dividida en estos temas, seguirá de cerca las repercusiones de este acuerdo de amnistía.