En medio de intensas negociaciones entre Junts y PSOE para sellar un acuerdo antes del 21 de febrero y garantizar la amnistía, los esfuerzos se ven amenazados por la compleja trama legal que rodea el borrado penal del procés a medida. A pesar de los intentos de ambos partidos por blindar la amnistía, se plantea un desafío crucial: la intervención de la Justicia europea.

Los legisladores, tanto socialistas como separatistas catalanes, se esfuerzan por introducir enmiendas al texto parlamentario para prevenir cualquier posibilidad de suspensión por parte de los jueces españoles. Sin embargo, se revela que ninguna modificación podrá evitar la congelación de los efectos de la amnistía hasta que la Justicia europea se pronuncie sobre la cuestión, solicitada por el Supremo u otros tribunales nacionales con causas pendientes relacionadas.

El Tratado de la Unión Europea arroja luz sobre el desafío legal que enfrenta el proceso. Establece que los jueces españoles, al ejercer sus funciones, deben aplicar la legislación comunitaria, que prevalece sobre las leyes nacionales en caso de discrepancia. Esto implica que los magistrados de los Estados miembros tienen poderes conferidos por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), inmunes a la interferencia gubernamental, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso de la voluntad parlamentaria si contradice los principios fundamentales de la Unión.