En un giro político que podría cambiar las dinámicas de poder en España, el presidente en funciones Pedro Sánchez parece haber asegurado su reelección después de ceder a algunas demandas cruciales de Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont. Este movimiento estratégico incluye una amnistía que beneficia a dos figuras destacadas del independentismo catalán, Laura Borràs y Gonzalo Boye, cuyas infracciones no están directamente relacionadas con el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre, considerado inconstitucional.

El consentimiento de Sánchez para limpiar el historial penal de Borràs y Boye se desarrolla en medio de intensas deliberaciones y compromisos políticos. Borràs, anteriormente alejada de su posición como presidenta del Parlamento catalán tras una condena de prisión y prohibición de ocupar cargos públicos, se vería favorecida por la revocación de cargos como prevaricación y falsificación de documentos.

El caso de Boye, abogado de Puigdemont, se destaca particularmente por la posible intervención de la Fiscalía General del Estado para suavizar las acusaciones de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Esta maniobra podría resultar en una reducción significativa de las consecuencias legales para Boye, quien fue acusado en 2022 de intentar recuperar una maleta llena de dinero en efectivo de una red criminal en el aeropuerto de Barajas.

El contexto de este ajuste se entiende mejor al considerar el reciente precedente del caso Tsunami Democràtic. Originalmente etiquetadas como actos de terrorismo, las protestas de 2019 finalmente se reclasificaron como desórdenes públicos, reflejando una aparente voluntad política de aliviar las tensiones con los independentistas catalanes.

El alcance de la amnistía propuesta desafía la lógica jurídica convencional, al plantear la inclusión de más de quince delitos de distintas naturalezas bajo un único paraguas de perdón, algo que ha suscitado un intenso debate legal.

Estas concesiones no solo buscan limpiar la imagen de los ya condenados por el proceso independentista del 1 de octubre, sino que también buscan extender un "alivio penal" a aquellos cuyos delitos no están estrictamente vinculados con el movimiento político.

La negociación de Sánchez con Junts per Catalunya, más allá de asegurar su investidura, parece estar delineando un nuevo paisaje político en España, uno en el que las líneas entre la legalidad y la política se entrelazan cada vez más, marcando un precedente tanto en términos de amnistía como de la diplomacia política nacional.