Aforado por conveniencia: la maniobra que retrasa el juicio del ‘hermanísimo’
El proceso judicial que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha experimentado un giro procesal de relevancia institucional. Según informa Vozpópuli, la conversión de Gallardo en aforado autonómico, tras su acceso como diputado a la Asamblea de Extremadura, podría aplazar el juicio durante al menos ocho meses.
La decisión de Gallardo, adoptada tras ser procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias —en una causa centrada en la adjudicación de una plaza pública al músico David Sánchez en 2017—, está siendo interpretada por observadores jurídicos y políticos como una maniobra de blindaje legal. Al convertirse en aforado, Gallardo cambia la jurisdicción competente: ya no será juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz, sino por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX).
Retraso procesal y cambio de jurisdicción
El traslado de la causa plantea varias consecuencias jurídicas y procesales. En primer lugar, la magistrada instructora Beatriz Biedma deberá decidir si se inhibe, tras recibir la documentación de la Junta Electoral que acredita el nuevo estatus de Gallardo. Como explica el penalista Víctor Ávila, una vez formalizada la exposición razonada, el TSJEX tendrá que determinar si asume la totalidad de la causa o únicamente la parte correspondiente al aforado.
Esta decisión es crítica: si se opta por dividir la causa, los procesos de David Sánchez y de Gallardo podrían discurrir por vías judiciales distintas, algo poco deseable cuando los hechos están, previsiblemente, entrelazados. Como recuerda Víctor Moreno, presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, el Tribunal Supremo ya ha enfrentado situaciones análogas en las que la fragmentación del caso no fue posible dada la unidad de los actos investigados.
El posible nombramiento de un nuevo instructor por parte del TSJEX también añade un elemento de incertidumbre. Aunque legalmente está previsto que este continúe el trámite hacia el juicio oral, anular decisiones previas —como el auto de apertura de juicio— sería complejo y requeriría una motivación jurídica excepcionalmente sólida.
Una maniobra con implicaciones políticas
Lo que incrementa el carácter polémico del aforamiento es su contexto político. Diversos indicios apuntan a una planificación coordinada para facilitar la entrada de Gallardo en la Asamblea de Extremadura. Entre ellos, destaca la renuncia de hasta cuatro diputados autonómicos, lo que habría abierto paso a Gallardo, que ocupaba el puesto cinco en las listas. Asimismo, la exdiputada Maricruz Rodríguez fue premiada con un cargo institucional, según sostiene la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, que actúa como acusación popular y ha ampliado la querella por cohecho y fraude procesal.
Las acusaciones incluyen la intención de evitar al juez natural, una figura jurídica clave en el Estado de derecho. Aunque el recurso al aforamiento es legal en España, las circunstancias en que se produce —justo después del procesamiento y con una negativa previa de Gallardo a trasladarse al Parlamento autonómico— han generado acusaciones de fraude de ley.
Incluso la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha calificado la maniobra de "burda" y "torticera", reflejando el malestar institucional que el episodio ha generado.
Más allá de los efectos procesales inmediatos, este caso plantea una cuestión de fondo: el uso instrumental del aforamiento como escudo político. España reconoce esta figura para garantizar la independencia de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, su invocación "a posteriori" y bajo presión judicial erosiona la percepción ciudadana sobre la igualdad ante la ley y genera una imagen de impunidad.
