Aerolínea en crisis, capital venezolano y veto de la banca: las claves del escándalo Plus Ultra

La jueza que investiga el rescate de Plus Ultra dispone ya de un informe judicial que señala que el Gobierno aprobó ayudas públicas pese a que la aerolínea incumplía los requisitos legales exigidos para acceder al fondo de solvencia gestionado por la SEPI. El documento, presentado por el sindicato Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, concluye que la operación vulneró tanto la normativa europea como las condiciones fijadas por el propio Ejecutivo para la concesión de ayudas durante la pandemia, según revela El Debate.

El rescate, aprobado por un importe de 53 millones de euros, se encuentra bajo investigación judicial por una cadena de irregularidades estructurales que afectan al núcleo mismo de la operación. Según el informe, al que ha tenido acceso El Debate, Plus Ultra no cumplía ninguno de los criterios exigidos para ser beneficiaria del fondo de apoyo a la solvencia de empresas.

Una empresa en crisis antes del Covid

Uno de los elementos centrales del informe es que Plus Ultra ya era una empresa en crisis antes de la pandemia, una circunstancia que, de acuerdo con el Reglamento de ayudas de Estado de la Unión Europea, excluye automáticamente el acceso a este tipo de rescates públicos. El documento subraya que la aerolínea acumulaba pérdidas continuadas desde su creación, con un desequilibrio patrimonial estructural que no tenía relación alguna con el impacto del Covid-19.

Los datos económicos analizados reflejan que todos los ejercicios cerraron con pérdidas, lo que impedía legalmente que la compañía pudiera ser considerada viable. El fondo de solvencia, recuerda el informe, estaba destinado a empresas solventes afectadas de forma excepcional por la pandemia, un requisito que Plus Ultra no cumplía.

No era una empresa estratégica

El informe desmonta además otro de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar el rescate: el supuesto carácter estratégico de la aerolínea. Según la documentación aportada al juzgado, Plus Ultra operaba un número muy reducido de rutas, todas ellas ya cubiertas por otras compañías con mayor capacidad y presencia en el mercado.

La aerolínea no disponía de aviones en propiedad, carecía de una cuota de mercado relevante y no desempeñaba un papel esencial para la conectividad aérea de España. En consecuencia, el informe concluye que no podía ser considerada una empresa estratégica para la economía nacional.

Rechazo de la banca y capital vinculado a Venezuela

Otro punto clave es que las entidades financieras rechazaron conceder financiación a Plus Ultra, tanto en banca privada como en líneas avaladas por el ICO, precisamente por su mala situación económica. Para Manos Limpias, resulta incompatible que el mercado financiero negara crédito por falta de solvencia y que el Estado asumiera ese riesgo con dinero público.

El documento también pone el foco en la vinculación de Plus Ultra con Venezuela, tanto por el origen de su capital como por su estructura societaria y el perfil de sus rutas. Aunque la sede social se encontraba en Madrid, el informe destaca que el control efectivo de la compañía estaba ligado al país sudamericano, un factor de riesgo que, según la denuncia, no fue valorado adecuadamente.

Condiciones ventajosas y posibles responsabilidades

El rescate se articuló mediante un préstamo participativo y otro ordinario, con intereses reducidos, largos plazos y escasas garantías, pese al elevado riesgo financiero de la empresa. El informe sostiene que estas condiciones no se corresponden con el perfil económico de Plus Ultra y refuerzan la tesis de que la operación no respondió a criterios técnicos objetivos.

En su escrito, Manos Limpias insta a la jueza Esperanza Collazos a profundizar en estas irregularidades y a depurar responsabilidades por una operación que, a su juicio, nunca debió autorizarse. La investigación judicial continúa abierta mientras se analizan los informes y decisiones que llevaron al rescate de la aerolínea.