La Fiscalía de Área de Gijón solicita nueve años de prisión, a sustituir por diez años de expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la pena, para el acusado de intentar asesinar al ex sacerdote Jesús María Menéndez, conocido como el padre Chus, en la vivienda de este en Gijón el pasado mes de julio.

Según una nota de prensa del Ministerio público, el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía ya ha sido presentado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

De acuerdo a este, el Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 13.50 horas del 28 de julio de 2022, el procesado, de nacionalidad marroquí (2001), en situación irregular en España, acudió a un domicilio de la calle Donato Argüelles de Gijón, que solía frecuentar, y tras mantener una breve conversación con el padre Chus (1952), se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo, volvió a la habitación en la que se encontraba la víctima para, sin mediar palabra, aprovechar que se encontraba "sentado, desprevenido e inerme" y asestarle un golpe en el cuello con el cuchillo, que se rompió.

En ese momento, alertados por los gritos, entraron en la habitación dos convivientes del domicilio, que consiguieron reducir al procesado, lanzándole contra la cama, cuando se encontraba agrediendo al padre Chus en el cuello con un trozo de plato de loza.

No obstante, el procesado consiguió rehacerse y cogió otro cuchillo, con el que trató de apuñalar a la víctima en el estómago, siendo finalmente inmovilizado.

Como consecuencia de ello, el padre Chus sufrió lesiones consistentes en herida incisa en el lado derecho del cuello, "con sección completa del músculo platisma, sección parcial del músculo esternocleidomastoideo derecho, y sección de la vena yugular anterior, herida incisa en la región frontal izquierda, herida inciso punzante lumbar derecha, herida en el dorso del dedo medio izquierdo, contusión cervical, y contusión con equimosis en la región glútea derecha".

A la víctima le quedaron como secuelas varias cicatrices. El procesado, por su parte, se encuentra en prisión preventiva desde el 29 de julio de 2022.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139.1ª, 16 y 62 del Código Penal.

Por este motivo, solicita que se condene al procesado a la pena de nueve años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a sustituir -conforme al art. 89.1 y 2 CP- por la expulsión del territorio nacional por diez años, una vez cumplidos dos tercios de la pena.

También le pide el abono de las costas procesales y, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 920 euros por las lesiones y con 1.000 euros por las secuelas, y al Sespa con la cantidad que acredite por los gastos de la asistencia prestada; todo ello más los intereses legales correspondientes.