Acoso, avisos y ascensos: la trayectoria de Salazar que Sánchez ignoró desde 2018
En política, las decisiones de liderazgo rara vez se explican únicamente por razones funcionales. A menudo revelan, directa o indirectamente, una determinada concepción del poder, de la lealtad, y del coste asumible de ciertos comportamientos. El caso de Francisco Salazar, dirigente socialista de trayectoria ascendente dentro del entorno más cercano a Pedro Sánchez, constituye hoy un ejemplo paradigmático de esta lógica.
Según ha revelado The Objective, ya en 2018, el entonces jefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, advirtió al presidente sobre los «excesos» de Salazar en su trato hacia varias mujeres, entre ellas periodistas acreditadas ante el PSOE. Los avisos no eran anecdóticos: incluían quejas explícitas por parte de informadoras que señalaron comportamientos impropios en el contexto de su trabajo, como invitaciones personales a cambio de off the records, y comentarios inadecuados sobre la apariencia física.
Lejos de provocar una consecuencia negativa para su carrera, Salazar recibió tres nombramientos consecutivos: fue designado adjunto al director del gabinete del presidente, presidente del Hipódromo de la Zarzuela con una retribución superior a los 100.000 euros anuales, y, en 2024, secretario de Análisis y Acción Electoral del PSOE, pieza clave en la coordinación entre Moncloa y Ferraz.
Una trayectoria de ascensos paralela a las alertas
La revelación más significativa del caso reside en su dimensión estructural: las advertencias internas se reiteraron. Tras la primera comunicación formal a Sánchez en 2018, trabajadores del entorno de Moncloa y del propio partido continuaron expresando malestar y preocupación. Algunas trabajadoras habrían sido recolocadas para evitar contacto con Salazar, y el malestar en sectores feministas del partido se consolidó como un factor persistente.
Pese a ello, la línea de confianza entre Sánchez y Salazar no se alteró. De hecho, fuentes internas indican que ambos mantuvieron comunicación regular y colaboración política estrecha, incluso durante los períodos en los que Salazar no ocupaba puestos formales de relevancia institucional.
Un entorno de permisividad y gestión interna del escándalo
El caso estalló públicamente solo cuando eldiario.es publicó los primeros testimonios de presuntas víctimas, provocando una reacción en cadena. Las voces críticas, procedentes en su mayoría del sector feminista del PSOE, hicieron llegar su malestar a la dirección del partido. El Comité Federal, convocado el sábado 5 de julio, se convirtió así en el escenario de una crisis que ya no pudo ser contenida internamente.
Horas antes de que se oficializara su nuevo cargo como adjunto a la Secretaría de Organización, Salazar presentó su renuncia irrevocable, alegando voluntad de no perjudicar al partido. Fuentes del PSOE confirmaron también la apertura de diligencias internas, aunque hasta la fecha no se han especificado las acciones concretas ni el alcance del expediente disciplinario.
Sánchez: entre la reacción política y la omisión previa
En su intervención ante el Comité Federal, el presidente del Gobierno optó por un discurso centrado en la contrición institucional, admitiendo errores de confianza en colaboradores y prometiendo mecanismos más robustos de control. Aunque no mencionó a Salazar por su nombre, anunció la creación de un canal de denuncias para víctimas de acoso, así como medidas para mejorar la transparencia y distribución del poder dentro del partido.
Estas iniciativas, sin embargo, contrastan con los hechos que las han motivado. Sánchez recibió advertencias desde 2018, no solo de su equipo inmediato, sino también de responsables políticos y personal interno del PSOE. Lejos de actuar con firmeza, optó por mantener —e incluso premiar— a un colaborador cuya conducta era ya objeto de preocupación estructural.
El caso Salazar no es exclusivamente un incidente disciplinario. Refleja una forma de ejercer el poder basada en vínculos personales, en la primacía de la fidelidad sobre los estándares éticos, y en la gestión interna de los conflictos, incluso cuando éstos traspasan líneas institucionales sensibles como el acoso laboral o el abuso de poder.
En última instancia, la pregunta que plantea este episodio no es solo por las responsabilidades de un dirigente intermedio, sino por el umbral de tolerancia del propio presidente hacia las advertencias internas. Es ahí donde se encuentra la clave política del asunto, y probablemente también su mayor coste público.
