El aborto, la nueva cortina de humo de Sánchez para evitar hablar de corrupción
La falta de mayoría en el Congreso convierte la iniciativa en un gesto simbólico, interpretado por la oposición como un movimiento de propaganda en plena crisis política
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que impulsará una reforma de la Constitución Española con el objetivo de incluir el aborto como un derecho fundamental. Según la información publicada por El Debate, la intención del Gobierno es seguir los pasos de Francia, que en 2024 se convirtió en el primer país del mundo en elevar el aborto a rango constitucional. Si la maniobra de Sánchez prosperara, España se convertiría en el segundo país en consagrarlo en su Carta Magna.
Sin embargo, la propuesta nace con un obstáculo insalvable: no hay mayoría suficiente en las Cortes. La iniciativa se plantea a través de una reforma ordinaria, que requiere la aprobación de tres quintas partes de diputados y senadores. Esto implica que el PSOE y sus socios no solo no suman, sino que necesitan obligatoriamente al Partido Popular. Y Génova, al menos públicamente, ya se ha mostrado contraria a abrir un debate constitucional en esta materia.
En consecuencia, tal y como subraya El Debate, el anuncio tiene más de gesto político y propaganda que de posibilidad real de cambio normativo.
Una “cortina de humo” para tapar los problemas del Gobierno
De acuerdo con fuentes citadas por Vozpópuli, el movimiento del Gobierno responde más a una estrategia política de distracción que a un proyecto jurídico con recorrido. La idea sería crear una “cortina de humo” para desplazar el foco de los escándalos que acorralan al Ejecutivo en los últimos meses:
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La investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente.
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El caso Koldo y las derivadas de corrupción que implican al exministro Ábalos y su entorno.
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La crisis de credibilidad de Igualdad, tras el fiasco de las pulseras antimaltrato defectuosas y la reprobación en el Senado de la ministra Ana Redondo.
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Las tensiones internas en la izquierda por la flotilla propalestina hacia Gaza, donde Podemos y Sumar acusan al PSOE de tibieza.
En este contexto, el aborto se utiliza como un arma política de doble filo: por un lado, intenta consolidar el apoyo del electorado progresista y feminista; por otro, busca tensar las costuras de la derecha, que no mantiene una postura unificada en este tema.
El aborto como fractura dentro del PP
La jugada de Sánchez se produce apenas días después de que estallara una polémica en el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez-Almeida apoyó una propuesta de Vox para informar a las mujeres sobre el llamado «síndrome postaborto». Aunque la moción prosperó, la decisión obligó a la dirección nacional del PP a salir en apoyo del regidor madrileño.
La portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, defendió que «la información nunca es un problema». Pero el episodio evidenció las divisiones internas en torno al aborto, que todavía generan incomodidad en el partido de Feijóo. Según Vozpópuli, Moncloa pretende explotar precisamente esa contradicción para debilitar el discurso popular y situar al PP en un terreno pantanoso de cara a la opinión pública.
Ajustes inmediatos: un decreto contra la “información falsa”
Más allá de la Constitución, el Gobierno sí tiene capacidad para actuar por la vía reglamentaria. Y según informó El Debate, ya ha decidido modificar el Real Decreto 825/2010.
El objetivo es garantizar que toda la información que reciban las mujeres que solicitan un aborto esté basada en criterios científicos objetivos y avalada por organismos internacionales como la OMS o la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Con ello se busca desterrar teorías como el supuesto «síndrome posaborto», considerado por el Ejecutivo como sin base científica y sin cabida en los protocolos oficiales.
Una estrategia política en clave feminista
El Gobierno de Sánchez insiste en presentar la iniciativa dentro de un marco simbólico: el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España. Recuerda que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien impulsó en 2010 la actual ley de plazos, recientemente ratificada por el Tribunal Constitucional en 2023 bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido.
Asimismo, subraya que España fue también pionera en 2021 con la aprobación de la ley de eutanasia, situando al país en la vanguardia de los llamados «derechos sociales».
No obstante, la maniobra llega en un momento de desafección creciente entre parte del feminismo y el PSOE. Escándalos como el de la supuesta prostitución vinculada a altos cargos o la mala gestión de recursos destinados a políticas de género han erosionado la confianza en el Gobierno. Según Vozpópuli, las encuestas ya detectan una fuga de voto femenino que Moncloa pretende contener con esta nueva bandera ideológica.
