El abogado del TJUE respalda la amnistía de Sánchez, pero ve riesgos procesales
Según ha dictaminado este jueves Dean Spielmann, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la Ley de Amnistía promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez no supone una amenaza para los intereses financieros de la Unión Europea ni para el marco jurídico comunitario en materia de terrorismo. En cambio, Spielmann sí detecta vulneraciones en aspectos procesales que afectan a la independencia judicial y a las garantías del debido proceso.
El dictamen —no vinculante pero con fuerte peso jurisprudencial— responde a dos cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Nacional, en relación con la aplicación de la ley a supuestos de malversación de fondos públicos y delitos relacionados con terrorismo en el marco del proceso independentista catalán.
Aval a la exclusión de fondos europeos y rechazo a la "autoamnistía"
Spielmann concluye que no hay evidencia de que la Ley de Amnistía afecte a fondos de la UE: «No existe un vínculo directo entre los actos determinantes de responsabilidad contable y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión». También descarta que estemos ante una autoamnistía, dado que la norma fue impulsada en un contexto de reconciliación política y no incluye delitos de graves violaciones de derechos humanos.
Además, considera que la directiva europea contra el terrorismo no impide la aplicación de la amnistía a los 12 miembros de los CDR encausados en la Audiencia Nacional, siempre que no existan hechos que constituyan vulneraciones graves como atentados contra la vida o la integridad física.
Incompatibilidades procesales
Donde sí encuentra objeciones el abogado general es en el apartado que obliga a los tribunales españoles a aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses, incluso si existe una cuestión prejudicial pendiente ante el TJUE. Spielmann sostiene que este plazo puede socavar la independencia judicial y reducir la utilidad del procedimiento europeo. También cuestiona que no se dé audiencia a todas las partes procesales, lo que podría suponer un déficit de contradicción y afectar la garantía de tutela judicial efectiva.
Dictamen no definitivo pero determinante
Aunque las conclusiones del abogado general no vinculan al TJUE, históricamente han coincidido con la sentencia final en más del 80% de los casos. La resolución definitiva se espera antes de final de año, y marcará el rumbo de múltiples procedimientos abiertos en España, entre ellos, los vinculados al expresident Carles Puigdemont, los gastos del 1-O y la llamada Operación Judas.
En esa causa, la Guardia Civil atribuye a los acusados un intento organizado de alcanzar la independencia de Cataluña mediante vías violentas, bajo la estructura conocida como Equipos de Respuesta Táctica (ERT).
Este pronunciamiento se suma al reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que validó la prisión preventiva ordenada por el juez Llarena durante la instrucción del caso procés, concluyendo que España no vulneró los derechos fundamentales de los líderes independentistas.
