Ábalos, imputado por el Supremo por presunta corrupción en la compraventa de material sanitario
La decisión llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno enviara una exposición razonada al Supremo señalando indicios de varios delitos que implican al exministro en una trama de contratación opaca y supuestamente fraudulenta.
En su resolución, el Supremo designa al magistrado Leopoldo Puente como instructor del caso, quien se encargará de analizar en profundidad los elementos recabados y decidir si existen pruebas suficientes para formalizar una acusación contra Ábalos. La investigación estará centrada en los hechos específicos que apuntan a la posible responsabilidad penal de Ábalos en un presunto esquema de corrupción en la adquisición de materiales sanitarios críticos, mientras que el resto de los investigados que no cuentan con fuero deberán continuar bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional.
Indicios de delitos y presunta organización criminal
La exposición razonada remitida al Supremo detalla supuestos actos que podrían constituir delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos. En su auto, elaborado por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, el Supremo enfatiza que, aunque esta investigación está en fase inicial, existen indicios consistentes que justifican la continuación del procedimiento en contra del aforado.
En palabras del auto, "los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos de varios delitos graves que afectan tanto a la integridad de las instituciones públicas como a la gestión de fondos públicos en plena crisis sanitaria". Este lenguaje apunta a que la investigación podría tener un alcance significativo, considerando la posibilidad de que exista una organización criminal involucrada en el manejo de contratos estatales durante los momentos más críticos de la pandemia.
Ámbito de la investigación y competencia del Supremo
El Supremo ha determinado que su competencia en este caso se extiende exclusivamente a los hechos en los que Ábalos pudiera estar implicado, mientras que las personas no aforadas involucradas en las diligencias bajo instrucción de la Audiencia Nacional continuarán siendo investigadas en ese tribunal. No obstante, la Sala Penal ha indicado que, en el caso de que se evidencie una conexión material inescindible con los delitos imputados al aforado, se podría ampliar la competencia del Supremo para incluir a otros involucrados en la trama.
El auto precisa que el nombramiento de instructor en el Supremo permite la investigación de los hechos donde, "indiciariamente, pudiera ser responsable el aforado y respecto de aquellas personas cuya investigación conjunta sea necesaria por la continencia de la causa". Para estos efectos, se establece una colaboración entre el Supremo y el juez instructor de la Audiencia, Ismael Moreno, quien seguirá investigando las diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción número 2.
Reapertura de una causa anterior archivada
La asunción de esta investigación por parte del Supremo ha sido posible gracias a la reapertura de una causa archivada en 2021. En dicha causa, un abogado denunció la presunta implicación de José Luis Ábalos en irregularidades relacionadas con la compra de suministros sanitarios, pero el caso fue cerrado al no hallarse entonces indicios suficientes. Sin embargo, en marzo de 2023, el mismo abogado solicitó reabrir la causa, y el Supremo, a la espera de nuevos elementos, decidió que se procedería si el resultado de las investigaciones en curso en la Audiencia Nacional justificaba una revisión.
La reapertura de esta causa y el reciente envío de la exposición razonada por el juez Ismael Moreno han sido suficientes para que el Supremo decida asumir la instrucción parcial del caso, en una investigación que se prevé compleja dada la gravedad de las acusaciones y el contexto de emergencia sanitaria en el que se habrían producido los contratos cuestionados.
La situación plantea un nuevo desafío legal para José Luis Ábalos, quien ya había solicitado comparecer en el llamado caso Koldo, una solicitud que fue rechazada por el juez Moreno, quien decidió remitir la investigación al Supremo en vista de su condición de aforado.
