05.12.2021 |
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Los rectores denuncian que la Ley Castells es "poco innovadora" y "no se adapta" a las necesidades de las universidades

Dicen que se debe favorecer la paridad pero no obligar a ella, porque hacerlo puede "operar en detrimento del principio democrático de los procesos electorales"

Archivo - El ministro de Universidades, Manuel Castells, durante una entrevista para Europa Press en la sede del Ministerio este mes de julio
Archivo - El ministro de Universidades, Manuel Castells, durante una entrevista para Europa Press en la sede del Ministerio este mes de julio
Los rectores denuncian que la Ley Castells es "poco innovadora" y "no se adapta" a las necesidades de las universidades

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) considera que el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es "poco innovador" y "no responde" a "la necesidad de mayor autonomía y mayor financiación" para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades.

Sobre la autonomía, desde Crue señalan que esta "se consigue con un sistema justo y estable de financiación, comparable a escala nacional y entre las universidades de cada Comunidad Autónoma, ligado a una financiación básica y otra por objetivos" y afirman que "esta norma no aporta esto".

En cuanto a la financiación, piden que la LOSU recoja expresamente un plan de incremento de gasto público para la educación universitaria con objetivos concretos, e insisten en incorporar una línea de financiación basal finalista --de carácter estatal-- para todas las universidades del SUE, destinada exclusivamente a la investigación.

Además, los rectores españoles consideran especialmente significativas las cuestiones ligadas al profesorado y, en este ámbito, consideran que "el anteproyecto no resuelve ni aborda las cuestiones más urgentes, como, por ejemplo, el envejecimiento del Personal Docente e Investigador (PDI) y la necesaria política de rejuvenecimiento".

Para solucionar este problema, reclaman que desaparezca o se flexibilice "la tasa de reposición" porque, si no, resultará "imposible alcanzar el objetivo de reducción del profesorado con contrato temporal, ya que la oferta de plazas permanentes está limitada por dicha tasa".

Por ello, proponen que la oferta pública de empleo de PDI permanente, durante los cinco años que se señalan en la LOSU para conseguir los objetivos de plantilla, sea "mucho más elevada de la que se aplica actualmente".

En todo caso, consideran "muy ambiciosos" y no realistas los porcentajes que establece la LOSU (el mínimo de profesorado funcionario deberá ser del 55% sobre el total de PDI de la universidad, computado en equivalencias a tiempo completo, y el máximo de profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% en efectivos de la plantilla).

Los rectores aseguran que estos objetivos son "deseables" pero advierten de que se debería tener en cuenta la situación de partida de cada universidad porque, si no se pueden cumplir, "situarían a las universidades en una situación de incumplimiento de la Ley, solo salvable prescindiendo de una parte de la plantilla con contrato laboral temporal y reduciendo la oferta académica".

En cuanto a la doble vía funcionarial y laboral, la CRUE señala que debería establecerse una equiparación de las retribuciones entre las figuras funcionariales y laborales equivalentes, si los requisitos y forma de acceso son los mismos; y advierte de que la diversidad de ámbitos reguladores (particularmente la negociación colectiva) "puede abocar a que existan diferencias de dedicación y retributivas que no estarían justificadas por elementos objetivos".

DOCENTES: SIN UN MÍNIMO DE HORAS LECTIVAS

Un "problema grave", según los rectores, puede ser el establecimiento de la horquilla que fija la dedicación docente del profesorado a tiempo completo entre 240 y 120 horas lectivas por curso académico dentro de su jornada laboral anual. Desde Crue la consideran una medida que "limita e incluso vulnera la autonomía universitaria" y "hace que las universidades sean poco atractivas para la atracción y estabilización de talento de alto nivel". En este aspecto proponen un máximo de 240 horas y suprimir el mínimo.

También insisten en la necesidad de "cuidar la terminología" y "revisar el lenguaje" utilizado ya que, según advierten, el texto emplea el término 'universidades' cuando solo se refiere a las públicas y, al contrario, incorpora términos exclusivos del ámbito de las universidades públicas cuando realmente se corresponde con unuso genérico del mismo.

Asimismo, observan algunas cuestiones "preocupantes" en el articulado "que contradicen o se distancian de las posiciones defendidas por Crue en Universidad2030" por lo que solicitan al Ministerio que conceda al menos otra vuelta adicional en la que las universidades puedan participar de forma activa en las modificaciones.

Entre otras aportaciones, los rectores avisan de que "no se explicita nada sobre la docencia en lenguas co-oficiales"; echan de menos una mayor referencia a la necesidad de internacionalizar el SUE, o al menos de europeización, con un mayor alineamiento con la agenda europea de modernización y fortalecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); y ven de "dudosa legalidad" la imposición de "establecer que los colegios mayores universitarios sólo podrán ser gestionados y promovidos por entidades sin ánimo de lucro".

Los rectores denuncian que la Ley Castells es "poco innovadora" y "no se adapta" a las necesidades de las universidades
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