A 20 días del inicio escolar, la huelga docente amenaza el arranque del curso

El reloj avanza y la cuenta atrás se acorta. A veinte días de que las aulas cántabras abran sus puertas para dar comienzo al curso 2025-2026, la incertidumbre se ha apoderado de familias, alumnado y profesorado. Lo que debería ser una preparación tranquila para la vuelta a la rutina se ha transformado en un periodo de nerviosismo y tensión, con un conflicto abierto entre la Consejería de Educación y los sindicatos que amenaza con empañar, una vez más, el inicio escolar en la comunidad.

El próximo 8 de septiembre está fijado como el arranque de las clases en Infantil, Primaria y Educación Especial. Tres días más tarde, el 11, será el turno de los institutos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. A partir de la segunda quincena de septiembre se incorporarán las enseñanzas artísticas, de adultos y deportivas, mientras que las Escuelas Oficiales de Idiomas lo harán ya en octubre.

Sin embargo, lo que debería ser un calendario pautado y claro se encuentra en el aire. Los sindicatos docentes han convocado paros escalonados que coincidirán con el primer día de clase en cada etapa, como una manera de dar visibilidad a sus demandas y de presionar al Gobierno regional para desbloquear una negociación que, por ahora, permanece enquistada.

La Junta de Personal Docente, que integra a los principales sindicatos de la enseñanza pública —ANPE, STEC, CCOO, TÚ y UGT—, justifica su decisión en lo que consideran una deuda histórica: la falta de adecuación retributiva en Cantabria durante los últimos dieciocho años.

Desde 2007, aseguran, el colectivo docente no ha experimentado una actualización salarial acorde al coste de la vida ni a la evolución de la profesión, lo que ha generado un desfase con respecto a otras comunidades autónomas. Además, a la cuestión estrictamente económica se suma un malestar creciente relacionado con la carga burocrática y con la necesidad de una reducción progresiva de ratios en las aulas, demandas que forman parte de un paquete más amplio de reivindicaciones.

Los sindicatos arrancaron la negociación reclamando una subida lineal de 325,66 euros mensuales para todo el profesorado. La cifra, elevada en comparación con otras comunidades, buscaba compensar lo que consideran un largo periodo de congelación encubierta. Tras semanas de movilizaciones y contactos infructuosos, a comienzos de julio flexibilizaron su postura y rebajaron la petición a 180 euros mensuales, intentando acercarse a la oferta de la Consejería y dar una oportunidad al acuerdo.

La propuesta de la Consejería

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación, respondió con una propuesta que incluye precisamente esa cifra: 180,23 euros mensuales de incremento lineal para todo el profesorado, sumado a una mejora de los sexenios que pasaría a situarlos en 187 euros.

Según los cálculos oficiales, la medida tendría un impacto presupuestario de 35 millones de euros al año, lo que equivale a casi el 1 % del presupuesto global de Cantabria. Además, los técnicos de la Consejería subrayan que la mejora situaría a los maestros en una retribución bruta de 2.797 euros al mes y a los profesores de Secundaria en 3.112 euros, lo que colocaría a los docentes cántabros, en palabras del propio consejero, «como los mejor pagados del país en régimen común».

Para Sergio Silva, titular de Educación, la oferta representa un esfuerzo extraordinario. En declaraciones recientes ha manifestado su incomprensión ante la negativa sindical: «No entiendo la razón para que, después de ocho meses y cinco mesas de diálogo, la Junta de Personal Docente siga insistiendo en la falta de diálogo por parte del Gobierno de Cantabria cuando está haciendo un esfuerzo enorme en este sentido».

Silva ha querido destacar que su Ejecutivo es «el primero en sentarse a negociar en diecisiete años» y que, pese a esa disposición, «a un gobierno que negocia y dialoga se le castiga con tres jornadas de huelga en el curso 24/25 y se le amenaza con paralizar el inicio del curso 25/26 con más días de huelga, llegando incluso a hablar de paralizar una semana el curso escolar, algo que no había ocurrido hasta la fecha».

Por encima de las comunidades vecinas

La Consejería insiste en que no se trata solo de cifras, sino también de responsabilidad política. Asegura que su propuesta está por encima de la de comunidades vecinas como Asturias o País Vasco, donde sí se ha llegado a acuerdos, y recalca que el compromiso financiero es notable. 

«La propuesta que ha puesto sobre la mesa supone casi el 1 % del Presupuesto global de Cantabria, superior al que han hecho en otras comunidades autónomas como Asturias o País Vasco, en donde sí ha sido posible llegar a un acuerdo, y que representa un impacto de 35 millones de euros al año», ha señalado el consejero.

Los sindicatos, sin embargo, rechazan este relato y denuncian que el Ejecutivo pretende maquillar una oferta que, si bien mejora los números iniciales, mantiene condiciones que consideran inaceptables.

Uno de los puntos de fricción es el plazo de aplicación: la Consejería plantea un calendario que podría extenderse hasta 2029, lo que, según las organizaciones sindicales, supondría diferir en exceso los beneficios reales. Otro asunto espinoso es el número de horas de formación que se exigen para acceder a los sexenios, cuestión que los representantes del profesorado consideran excesiva y alejada de la realidad de las aulas.

La confrontación no se limita a los despachos

Durante el curso pasado, las movilizaciones fueron constantes. El 3 de abril y los días 28 y 29 de mayo se celebraron huelgas con un seguimiento significativo. Hubo manifestaciones en las calles de Santander, encierros en la sede del Gobierno y una constante escalada de tensión. Pese a ello, la Consejería mantuvo su oferta sin cambios sustanciales, y el curso finalizó con el conflicto en suspenso, pendiente de ser retomado en verano.

Ahora, con el nuevo curso a punto de comenzar, la batalla se reabre con más intensidad si cabe. Los sindicatos han diseñado un calendario de paros escalonados que busca impactar desde el minuto uno. 

Los días 8 y 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases en los colegios, se espera la primera tanda de huelgas. El 11 y 12, cuando arranquen los institutos, se repetirá el escenario. Más adelante, las enseñanzas de adultos, artísticas y deportivas también vivirán sus jornadas de protesta. Y finalmente, en octubre, las Escuelas Oficiales de Idiomas se sumarán con dos días de paro que desembocarán, si no hay acuerdo, en un paro total de una semana.

Preocupación entre familias y centros

Este calendario preocupa especialmente a las familias. Padres y madres consultados expresan su malestar por la falta de certezas. «Nos preocupa mucho no saber si el primer día de clase habrá normalidad o no. Necesitamos certidumbre para organizarnos», afirma una madre de un colegio público de Santander.

Asociaciones de padres han reclamado públicamente responsabilidad y diálogo, advirtiendo que los principales perjudicados acabarán siendo los estudiantes, quienes verán interrumpida su rutina en un momento clave del curso. La situación plantea un escenario de inestabilidad que podría afectar no solo al desarrollo del curso, sino también a la imagen de la educación pública en Cantabria.

Los directores de centros educativos se encuentran en una posición incómoda: deben planificar la organización interna sabiendo que el primer día de clase podría verse alterado por los paros, y a la vez transmitir tranquilidad a las familias. La Consejería ha anunciado que se garantizarán servicios mínimos, pero aún no ha detallado cómo se aplicarán en cada etapa educativa, algo que genera inquietud adicional.

La batalla de cifras y argumentos sigue abierta

El Gobierno insiste en que su oferta coloca a los docentes cántabros en una posición privilegiada, con salarios que superan en más de 200 euros la media nacional.

Los sindicatos replican que la cifra es engañosa, pues no incluye complementos que sí perciben en otras comunidades, ni refleja la realidad de las cargas de trabajo y de la presión burocrática a la que se enfrentan los profesores. Además, recuerdan que la propuesta de subida lineal se aplicaría de forma progresiva, diluyendo el impacto inmediato en los bolsillos del profesorado.

Un conflicto con trasfondo político

El trasfondo del conflicto es también político. El Gobierno regional busca proyectar una imagen de responsabilidad presupuestaria y de diálogo, mientras que los sindicatos pretenden capitalizar el malestar del colectivo y mostrar que solo con presión en la calle se consiguen avances. 

El pulso se ha convertido en un juego de equilibrios en el que ninguno de los actores quiere aparecer como el responsable de un inicio de curso convulso, pero ambos parecen dispuestos a mantener su posición.

A veinte días del inicio, la pregunta sigue en el aire: ¿Habrá normalidad el 8 de septiembre o el curso arrancará con huelgas, pancartas y aulas vacías? Nadie se atreve a responder con certeza. 

Lo único claro es que Cantabria encara el comienzo del curso escolar en un clima de máxima tensión, con un conflicto que se ha convertido en símbolo de un debate más amplio sobre el papel del profesorado, la inversión en educación y el valor que la sociedad concede a sus docentes.

En el horizonte inmediato, las próximas reuniones entre sindicatos y Consejería serán decisivas. Un acercamiento permitiría desactivar el calendario de paros y recuperar la normalidad. Un bloqueo, en cambio, abocaría a la comunidad educativa a un arranque de curso inédito: con huelgas en los primeros días lectivos de cada etapa y un paro general en octubre que podría paralizar durante una semana todo el sistema educativo.