Yolanda Díaz contraataca: blindaje del SMI y reforma del despido para recuperar la iniciativa social
La vicepresidenta segunda retoma la iniciativa con dos propuestas clave: una subida del salario mínimo sin compensaciones en pluses y una reforma del despido para hacerlo más disuasorio
Tras la reciente derrota parlamentaria de su propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, refuerza su agenda social con el respaldo explícito de UGT y CCOO. El nuevo paquete de medidas incluye una reforma del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para evitar su absorción mediante complementos salariales, y una revisión de la indemnización por despido improcedente, que pretende hacer más “restaurativa y disuasoria”.
Una reforma del SMI para evitar compensaciones encubiertas
La modificación del SMI responde a una reclamación reiterada de los sindicatos mayoritarios, que denuncian que numerosas empresas neutralizan las subidas del salario mínimo mediante la reducción proporcional de pluses o complementos. Esta práctica vacía de contenido la política salarial del Gobierno y frustra el impacto real sobre el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos.
El Ministerio de Trabajo ya ha planteado esta cuestión en la mesa del diálogo social, con el objetivo de transponer la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados. Según fuentes sindicales, la condición para alcanzar un nuevo acuerdo de subida del SMI en 2026 pasa por blindar su carácter mínimo e inabsorbible.
Cabe recordar que la última subida del salario mínimo, a principios de 2025, generó un intenso debate dentro del Gobierno. Díaz se opuso frontalmente a la posición de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien proponía una rebaja del IRPF para evitar que el incremento del SMI se diluyera en tributación. Finalmente, Díaz impuso su criterio, garantizando que el aumento del SMI llegara neto a los trabajadores.
La patronal, en contra de seguir elevando los costes laborales
Como era previsible, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha mostrado su oposición frontal. La patronal argumenta que el Gobierno ha incrementado el coste laboral de las empresas de forma “excesiva” desde 2018, cuando el SMI se ha elevado un 61 %. A ello se suma el incremento de las cotizaciones sociales, destinado a cubrir la creciente factura de las pensiones.
Reforma del despido: el otro frente abierto
En paralelo, Yolanda Díaz planea impulsar una reforma de la indemnización por despido improcedente, cuyo objetivo es ajustarla a los estándares de la Carta Social Europea. Actualmente, la legislación española fija una indemnización de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, una cifra que fue rebajada desde los 45 días establecidos antes de la reforma laboral de 2012.
UGT y CCOO han denunciado a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), al considerar que esta compensación vulnera el artículo 24 de la Carta, que exige una indemnización adecuada o una reparación equivalente en casos de despido sin causa justificada.
El CEDS ha dado la razón a los sindicatos en sendas resoluciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo español ha cerrado recientemente la puerta a compensaciones adicionales, con fallos tanto en diciembre de 2024 como en julio de 2025, alegando que la normativa actual cumple con los requisitos resarcitorios y disuasorios.
Sumar lleva la reforma del despido al Congreso
El pasado 17 de septiembre, el grupo parlamentario Sumar presentó una proposición no de ley instando al Gobierno a reformar el modelo de indemnización por despido. Aunque la iniciativa no tiene efecto legislativo directo, logró el respaldo del PSOE y fue aprobada, irónicamente, gracias a un voto erróneo del PP. Este episodio parlamentario refuerza el marco político necesario para que el Ministerio de Trabajo inicie la tramitación de una ley.
Próximos pasos: doble ofensiva sindical en salario y despido
En las próximas semanas, el Gobierno activará dos líneas de actuación:
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Modificación reglamentaria del SMI, con el objetivo de impedir legalmente su absorción por pluses y complementos.
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Convocatoria formal para reformar la indemnización por despido, con un calendario que podría arrancar en octubre con la participación de expertos y agentes sociales.
Simultáneamente, UGT, CCOO y CSIF han intensificado su presión sobre el Ejecutivo para subir los salarios de los empleados públicos, argumentando que han perdido poder adquisitivo pese a los incrementos de las pensiones. Los sindicatos amenazan con un "otoño caliente" si no se abre una mesa de negociación antes de que finalice el ejercicio.
