¿Vas a subir el alquiler? Hacienda podría pasarte factura
El Gobierno analiza introducir cambios en el IRPF para penalizar a los propietarios que incrementen el precio del alquiler en los nuevos contratos, en el marco de las medidas para hacer frente a la crisis de vivienda en España.
La propuesta combinaría una bonificación del 100% en el IRPF para quienes bajen o congelen el precio del alquiler con una reducción menor que la actual para aquellos caseros que opten por subir las rentas. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, “no hay nada cerrado”, pero el objetivo es “incentivar comportamientos que redunden en el interés general”.
Cómo afectaría la reforma fiscal a los propietarios
Actualmente, los propietarios que alquilan una vivienda como residencia habitual pueden aplicarse una reducción general del 50% en el IRPF sobre los rendimientos obtenidos, si el contrato se firmó tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. En contratos anteriores al 26 de mayo de 2023, la reducción es del 60%.
La nueva idea del Ejecutivo sería:
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Mantener una bonificación del 100% en el IRPF para quienes reduzcan o congelen el alquiler en nuevos contratos.
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Modular a la baja la reducción general del 50% para quienes suban el precio, aunque sin eliminarla por completo.
Desde el Ministerio señalan que en ningún caso se eliminaría totalmente la reducción fiscal, ya que se quiere mantener un trato diferenciado entre el alquiler residencial de larga duración y los alquileres turísticos o de temporada.
Incentivos fiscales ya vigentes en la Ley de Vivienda
La Ley de Vivienda ya contempla incentivos adicionales para determinados supuestos:
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Reducción del 60% si se rehabilita la vivienda.
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Reducción del 70% si se alquila a jóvenes.
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Reducción del 90% si se renueva contrato bajando el precio al menos un 5% en zonas tensionadas.
El nuevo esquema seguiría una lógica similar, pero aplicando reducciones más bajas para quienes incrementen el precio del alquiler.
Medida limitada a nuevos contratos
La posible reforma afectaría únicamente a los nuevos contratos de alquiler, no a las actualizaciones anuales, que seguirían pudiendo ajustarse conforme a los índices oficiales establecidos.
El Ejecutivo busca con esta medida el respaldo parlamentario de socios como Sumar, ERC y Podemos, que habían mostrado reservas a la bonificación fiscal anunciada en enero.
La iniciativa reabre el debate sobre la fiscalidad del alquiler en España, el papel de los incentivos fiscales para los caseros y el impacto que estas medidas pueden tener en la oferta de vivienda en el mercado residencial.
