Sánchez busca un pacto con las eléctricas para esquivar responsabilidades del apagón

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un giro drástico en su estrategia tras el apagón eléctrico masivo del pasado 28 de abril. De culpar inicialmente a las compañías eléctricas "privadas", ha pasado a proponerles un pacto de reparto de culpas, en el que nadie sería responsable directo del fallo que dejó sin suministro a buena parte de la península. A cambio, el Ejecutivo se comprometería a no enviar inspectores a auditar los datos de las empresas y aceptar las explicaciones técnicas presentadas, según fuentes conocedoras del proceso.

De la acusación al entendimiento

La nueva línea estratégica se vio reflejada este martes en el Congreso de los Diputados, cuando la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, descartó por primera vez la posibilidad de un ciberataque como causa del apagón. En su lugar, mencionó una "triple perturbación" energética localizada en Granada, Sevilla y Badajoz, lo que según el operador europeo Entso-E sumó un fallo de 2.200 megavatios de generación.

Esta nueva narrativa plantea que la suma de varias pequeñas incidencias habría superado los umbrales previstos por los protocolos, activando automáticamente la desconexión de varias plantas. Así, ni las eléctricas privadas ni Red Eléctrica de España (REE) serían responsables: las primeras por no ser la causa directa y la segunda por actuar conforme a lo establecido ante perturbaciones de esa magnitud.

En este escenario, ninguna parte asumiría responsabilidad legal, lo que alivia la presión sobre el Gobierno y evitaría el pago de indemnizaciones millonarias que, según fuentes jurídicas, podrían comenzar a tramitarse en breve.

El Gobierno ofrece incentivos a cambio del silencio

El Gobierno de Sánchez no se limita a ofrecer esta narrativa como salida compartida. Ha planteado, de forma no oficial, una serie de incentivos para que el sector acepte este relato:

• Renunciar al envío de inspectores para verificar los datos técnicos de las empresas.

• Aceptar sin auditoría externa los informes del sector sobre lo ocurrido.

• Revisar al alza la retribución regulada del sistema eléctrico, una decisión en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

• Y, como guiño estratégico, reactivar el debate sobre dividir REE en dos entidades independientes: un operador del sistema y un gestor de la red, cumpliendo así una reivindicación histórica de las eléctricas, que consideran que REE está politizada.

¿Aceptarán las eléctricas el pacto?

El acuerdo no requiere necesariamente el apoyo de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol). El Gobierno podría cerrar filas con tres pequeñas comercializadoras independientes, muchas de las cuales atraviesan serias dificultades financieras tras el estallido de la burbuja renovable. Esta fragmentación del sector facilitaría una alianza de mínimos, suficiente para justificar políticamente un relato conjunto.

No obstante, expertos del sector eléctrico advierten que la explicación del Gobierno no se sostiene técnicamente. Según indican fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, los sistemas de medición de fase (PMU) son capaces de identificar con precisión el origen y la secuencia de una perturbación en la red. "Si se produce una triple perturbación, los sistemas sabrían cuál fue la primera y podrían trazar la cadena de eventos", apuntan. Por ello, consideran que colocar el foco en tres puntos distintos es una forma de diluir responsabilidades y evitar señalar un fallo sistémico de REE.

¿Una REE dividida y despolitizada?

Uno de los puntos más sensibles del sector eléctrico español es el papel de Red Eléctrica de España, una empresa con participación estatal que actualmente cumple funciones tanto de operador del sistema como de gestor de la red de transporte. Esta doble función ha sido objeto de críticas desde hace años por parte del sector privado, que reclama una mayor independencia y despolitización del gestor.

La propuesta de dividir REE —que ya se deslizó en anteriores reformas regulatorias pero nunca se implementó— gana ahora fuerza como moneda de cambio en la negociación con las eléctricas. En la práctica, permitiría abrir el mercado a nuevos actores técnicos independientes, pero también reduciría el control estatal sobre un activo estratégico.

Una crisis con derivadas judiciales, técnicas y políticas

Más allá del impacto técnico y del colapso logístico que generó el apagón —con decenas de trenes paralizados, hospitales operando con generadores y miles de ciudadanos afectados—, el caso entra de lleno en el terreno político y judicial.

La oposición exige responsabilidades y apunta directamente a Pedro Sánchez y a la presidenta de REE, Beatriz Corredor. Sin embargo, con esta nueva estrategia de reparto de culpas, el Ejecutivo busca minimizar los daños reputacionales y económicos que podrían derivarse de un proceso judicial colectivo o de nuevas sanciones regulatorias.

En conclusión, el Gobierno intenta cerrar discretamente la mayor crisis energética de la década mediante un pacto de silencio con el sector eléctrico, ofreciendo recompensas económicas y regulatorias a cambio de renunciar a señalar culpables. En un contexto de alta sensibilidad política y presión pública, el acuerdo aún está en el aire, pero sus implicaciones —económicas, jurídicas e institucionales— marcarán los próximos pasos del Ejecutivo en materia energética.