El salario mínimo sube con el apoyo sindical y el rechazo frontal de la patronal
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, situándolo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas. La subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, según ha confirmado este lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término de la última reunión de la mesa de diálogo.
El acuerdo se ha cerrado sin el respaldo de las organizaciones empresariales. Tanto la CEOE como Cepyme se han desmarcado del pacto, al considerar que el Gobierno ha vulnerado el proceso de concertación social.
El Gobierno insiste en que la subida debe llegar al bolsillo de los trabajadores
Pérez Rey ha lamentado la falta de consenso con la patronal, asegurando que desde el Ejecutivo se han hecho "todos los esfuerzos posibles" para lograr un pacto tripartito. "Nos hemos dejado la piel buscando una propuesta que incorporara a los empresarios. Lamentablemente, no ha sido posible", ha señalado el secretario de Estado.
Además, ha anunciado que el Ministerio se compromete a reformar el actual decreto que regula el SMI para evitar que los complementos salariales absorban las subidas del salario mínimo, una reclamación histórica de los sindicatos. “No es posible que la subida del salario mínimo no llegue al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación”, ha insistido.
Críticas de la CEOE y Cepyme: “Fórmulas trileras”
Las organizaciones empresariales han reaccionado con dureza al acuerdo, acusando al Gobierno de “romper las reglas del diálogo social”. En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme han criticado que la última propuesta de subida del SMI fuera filtrada a los medios antes de presentarse en la mesa de negociación, lo que a su juicio demuestra “falta de respeto institucional”.
Desde el punto de vista de contenido, ambas patronales denuncian que el planteamiento del Ejecutivo sustituye la esperada indexación de los contratos públicos –una de sus principales exigencias– por “fórmulas trileras” que no compensan el aumento de costes salariales que asumen las empresas.
“La propuesta ignora a los autónomos y deja fuera a la mayoría de sectores empresariales”, han subrayado, advirtiendo de que estas decisiones unilaterales debilitan la concertación social reconocida por el artículo 7 de la Constitución.
Cuarta subida del SMI sin acuerdo tripartito
Esta es la cuarta vez en que el Ministerio de Trabajo saca adelante una subida del SMI sin el respaldo de los empresarios, aunque con el apoyo constante de los sindicatos. El Gobierno defiende que este aumento es necesario para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos, y recuerda que el objetivo es alcanzar un SMI equivalente al 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea.
El nuevo SMI afectará directamente a más de dos millones de trabajadores en España, según estimaciones del propio Ministerio, especialmente en sectores como el agrario, el comercio y los servicios, donde los salarios más bajos están más presentes.
