La regularización masiva abre la puerta al IMV para miles de inmigrantes
La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez abrirá la puerta a que miles de extranjeros puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) una vez acrediten un año de residencia legal y continuada en España, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El IMV se convierte así en uno de los principales incentivos asociados a esta regularización extraordinaria, ya que las personas en situación administrativa irregular no pueden acceder a esta prestación económica destinada a hogares en riesgo de exclusión social.
Requisito clave: un año de residencia legal
Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz reconocen que el proceso de regularización se encuentra todavía en una fase inicial, pero aclaran que, una vez concedida la documentación, los beneficiarios podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital tras cumplir el requisito de doce meses de residencia legal.
Además del tiempo de permanencia, los solicitantes deberán cumplir el resto de condiciones exigidas por la normativa del IMV, entre ellas la acreditación de una situación de vulnerabilidad económica, que se evalúa teniendo en cuenta el nivel de ingresos, el patrimonio neto, los activos no societarios y las circunstancias personales o familiares de la unidad de convivencia.
El IMV, uno de los grandes atractivos de la regularización
El acceso al Ingreso Mínimo Vital es uno de los elementos más relevantes de la regularización masiva promovida por el Ejecutivo, dado que supone una prestación económica mensual con cargo a las arcas públicas. En la práctica, esta medida permitirá que inmigrantes regularizados puedan incorporarse al sistema de ayudas sociales en igualdad de condiciones con otros residentes legales.
Actualmente, el IMV supone un gasto de miles de millones de euros anuales y beneficia a millones de perceptores en toda España, consolidándose como uno de los pilares del sistema de subsidios.
Polémica por el efecto llamada
La posibilidad de acceder al IMV tras la regularización está generando una fuerte controversia política y social. Diversas informaciones apuntan a que numerosos inmigrantes estarían maniobrando para obtener la documentación necesaria, incluso denunciando la pérdida de pasaportes, con el objetivo de beneficiarse del proceso extraordinario aprobado por el Gobierno.
El debate se intensifica en un contexto marcado por el aumento del gasto público en prestaciones sociales y por las críticas a la política migratoria del Ejecutivo, a la que se acusa de provocar un efecto llamada y de tensionar el sistema de ayudas.
Impacto económico y social
La regularización masiva y el posterior acceso al Ingreso Mínimo Vital plantean interrogantes sobre su impacto presupuestario, la sostenibilidad del sistema y el equilibrio entre políticas de inclusión y control del gasto público.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un instrumento de integración social, sus detractores advierten de que puede incentivar la inmigración irregular y aumentar la dependencia de los subsidios.
