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Reclaman seguridad jurídica para evitar la fuga de inversiones energéticas

PwC alerta sobre la demora en la retribución financiera y obstáculos legales en las redes eléctricas españolas. Urge un marco legal estable y ajustes en retribuciones para evitar riesgos de inversión.
Vista de una planta de energía. / EP
Vista de una planta de energía. / EP
Reclaman seguridad jurídica para evitar la fuga de inversiones energéticas

La consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) ha emitido un informe revelador, al cual este medio ha tenido acceso, planteando serias preocupaciones sobre el estado de las inversiones en las redes eléctricas de España. En una evaluación detallada del panorama actual, la consultora advierte que la falta de medidas inmediatas podría tener consecuencias significativas para el futuro del sector energético en el país.

El informe destaca en primer lugar la demora persistente en la actualización de la retribución financiera de las redes eléctricas en España, una cuestión que ha dejado en suspenso a importantes actores del sector, como Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy y Viesgo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha anunciado la tan esperada retribución, generando incertidumbre entre los inversores, ya que los tipos de interés elevados y la inflación de los costes impactan negativamente en los planes de inversión.

PwC enfatiza la urgencia de establecer una retribución ajustada a la realidad económica en el próximo periodo regulatorio (2026-2032) que supere y mejore el anterior (2019-2025). Según el informe, una tasa retributiva que no refleje el riesgo de la actividad y el actual contexto macroeconómico pone en peligro las inversiones en redes, comprometiendo la oportunidad económica de la transición ecológica y el cumplimiento de los objetivos del país.

Además, la consultora señala dos obstáculos cruciales que están obstaculizando el apetito inversor en las redes eléctricas españolas. En primer lugar, la CNMC no está reconociendo todos los costes e inversiones reguladas declarados por las empresas distribuidoras en sus auditorías, lo que significa que estos no están siendo incluidos en sus retribuciones. PwC destaca que, en caso de actualización de los valores unitarios en 2025, la retribución de redes aumentaría en aproximadamente un 26%.

En segundo lugar, el informe resalta una ley existente, el Real Decreto 1048/2013, que limita el volumen anual de inversión de todas las distribuidoras eléctricas, estableciendo que no puede superar el 0,13% del PIB de cada año previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta restricción, según PwC, dificulta la proyección de inversiones masivas en descarbonización mientras se limita la inversión en las redes eléctricas, consideradas como la principal palanca para electrificar y descarbonizar la economía.

El tema de la inversión en redes eléctricas ha adquirido una relevancia crucial en cada evento de energía organizado en España en los últimos meses, convirtiéndose en un punto central en debates de diversos sectores. El propio estudio de PwC define a las redes eléctricas como "el elemento principal del sistema eléctrico", capaces de integrar factores y agentes que van desde la generación tradicional hasta las energías renovables, la demanda industrial y doméstica, y el suministro de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Para lograr esto, se subraya la necesidad de modernización, automatización y digitalización de las redes eléctricas.

En un contexto más amplio, la Comisión Europea ha emitido un comunicado instando a destinar una inversión significativa de 584.000 millones de euros a las redes eléctricas. Según la institución, esto se debe al pronóstico de un aumento del consumo de electricidad en la Unión Europea en un 60% hasta 2030. La Comisión enfatiza la importancia de adaptar las redes a un sistema más digitalizado, descentralizado y flexible, con la presencia de energías renovables en alta mar, comunidades energéticas locales y vehículos eléctricos.

En conclusión, el informe de PwC arroja luz sobre la urgencia de abordar los desafíos actuales que enfrenta el sector de las redes eléctricas en España. La necesidad de un marco legal estable, la actualización de la retribución financiera y la superación de obstáculos normativos se presentan como elementos clave para asegurar un entorno propicio para las inversiones necesarias en la transición energética del país.

Reclaman seguridad jurídica para evitar la fuga de inversiones energéticas
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