El plan de Díaz para limitar las horas extra enfrenta a Trabajo con Economía y Vivienda
El control horario obligatorio aprobado esta semana en el Consejo de Ministros ha reavivado las divisiones internas dentro del Gobierno de coalición. Pese a que el texto fue finalmente aprobado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impuesto la medida en solitario, sin apoyo entusiasta del resto de carteras socialistas, que advierten del riesgo real para el empleo y la ejecución de proyectos clave.
La medida llega en un momento delicado para Díaz, tras el fracaso parlamentario de su propuesta de reducción de jornada laboral. La ministra ha decidido redoblar la apuesta con un plan que endurece el control de horarios y que ha puesto en pie de guerra a sectores como la construcción, donde se necesitan cerca de 700.000 trabajadores para cumplir con los objetivos de vivienda e infraestructuras.
Según fuentes del Ejecutivo, varios ministerios —Vivienda, Economía y Transportes— temen un golpe estructural al mercado laboral si se limita aún más la flexibilidad horaria. Las empresas constructoras —clave en la ejecución de los fondos europeos y en el ambicioso Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 presentado por Isabel Rodríguez— han trasladado sus quejas por la rigidez de la norma, especialmente por el límite anual de 80 horas extra, muy por debajo de la media europea (450 horas).
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que las nuevas restricciones podrían provocar una caída del 27% en el salario de los trabajadores del sector, es decir, una merma de 7.000 euros anuales. Lejos de atraer mano de obra, sostienen, la medida puede agravar el éxodo laboral y entorpecer proyectos estratégicos como la rehabilitación del parque de vivienda o el despliegue de infraestructuras ferroviarias liderado por Adif.
Díaz intensifica su pulso con Hacienda por el salario mínimo
A esta controversia se suma el nuevo conflicto entre Trabajo y Hacienda en torno a la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz ha encargado a su comité de expertos un informe que plantee dos escenarios para 2026: uno en el que el SMI esté exento de IRPF, y otro en el que tribute como hasta ahora. La última palabra la tendrá María Jesús Montero, ministra de Hacienda y aspirante a la presidencia de Andalucía, región con más de medio millón de perceptores del SMI.
La estrategia de Díaz busca blindar su postura ante la opinión pública, apelando al cumplimiento de la Carta Social Europea, que fija el salario mínimo en el 60% del salario medio. Su mensaje fue directo: “Vamos a cumplir con la Carta Social Europea, exento de tributación o tributando. No nos vamos a distraer”.
No es la primera vez que ambas ministras chocan. En febrero, Montero frenó una exención fiscal impulsada por Díaz y forzó una deducción temporal como solución de compromiso. Ahora, con 2026 en el horizonte electoral andaluz, la presión política se redobla. La ministra de Hacienda deberá elegir entre perder ingresos públicos o asumir el coste político de gravar a los trabajadores con salarios más bajos.
Un mercado laboral bajo presión: salarios estancados y empleo en riesgo
Los expertos alertan de que la política salarial impulsada por el Ministerio de Trabajo está estrechando la base de la pirámide retributiva. Desde 2018, el SMI ha subido un 61%, y según la AIReF, se ha convertido en el salario más frecuente en España, afectando ya al 7,4% de los asalariados. En 2018, solo era el 3,5%.
Este fenómeno de "bunching" implica que profesionales con experiencia y cualificación apenas ganan más que los trabajadores menos formados. Según el INE, el salario más habitual en 2023 fue de 15.574 euros brutos anuales, apenas 32,5 euros mensuales por encima del SMI.
Además, las sucesivas subidas del salario mínimo han tenido un coste en creación de empleo: la AIReF estima que la subida de 2019 recortó hasta 65.000 afiliaciones, y la de 2023, hasta 85.000. Fedea también advierte de que el encarecimiento de los costes laborales está erosionando la productividad, especialmente en microempresas, que componen el 94% del tejido productivo del país.
Silencio en Moncloa y malestar en la coalición
La aprobación del control horario se produjo sin que Yolanda Díaz compareciera ante la prensa. En su lugar, lo hicieron ministros sin vinculación directa con la medida, como Pilar Alegría (Educación), Ana Redondo (Igualdad) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial). Aún más revelador fue que Moncloa omitió el anuncio en su nota oficial del Consejo de Ministros, pese a ser una medida con amplio impacto laboral.
El malestar dentro del Ejecutivo es palpable. La coalición sigue mostrando sus costuras ideológicas y estratégicas, y medidas como esta no hacen más que alimentar un debate interno sobre la sostenibilidad del modelo laboral, el impacto fiscal de las políticas sociales y la capacidad real de España para cumplir con sus compromisos de modernización económica.
