España empobrecida: la inflación convierte la comida en un lujo para miles de familias
El número de personas que no puede comer carne, pollo o pescado de forma habitual se ha disparado un 50% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en un contexto marcado por una inflación acumulada cercana al 25% que ha erosionado con fuerza el poder adquisitivo de los hogares. Lejos del relato oficial de mejora económica, los datos sociales dibujan una realidad cada vez más restrictiva para amplias capas de la población.
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma que el 36,4% de los hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, una cifra que aumenta respecto al año anterior y que refleja la fragilidad financiera de más de un tercio de las familias. El dato es especialmente significativo porque mide la capacidad real de resistencia económica ante cualquier sobresalto, desde una avería doméstica hasta un gasto médico no previsto.
Pero el indicador más revelador es el que afecta directamente a la alimentación, uno de los pilares básicos del bienestar. Según el INE, el 5,4% de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, frente al 3,6% registrado en 2018. En apenas siete años, el número de personas en esta situación ha crecido un 50%, una evolución que pone de relieve el deterioro de las condiciones materiales de vida pese al crecimiento nominal de la economía.
El principal factor que explica este empeoramiento es la pérdida de poder adquisitivo. Desde enero de 2019, los precios han aumentado alrededor de un 25%, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo. Esta brecha ha obligado a muchas familias a ajustar su cesta de la compra, reduciendo el consumo de productos considerados básicos desde el punto de vista nutricional.
El impacto es especialmente visible en los alimentos frescos. En 2025, hasta el mes de noviembre, el precio de los huevos se encareció más de un 30%, la carne de vacuno un 18%, la carne de ave un 4,2% y el pescado fresco cerca de un 8%. Estos incrementos se suman a los registrados en años anteriores y tienen un efecto directo sobre los hogares con rentas bajas y medias, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación.
Otros indicadores sociales confirman este escenario de tensión económica. Aunque el porcentaje de personas que llega a fin de mes con “mucha dificultad” se redujo ligeramente hasta el 8,5%, el dato sigue siendo elevado en términos estructurales. Además, la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, se situó en el 25,7% de la población, lo que implica que uno de cada cuatro españoles vive en una situación de vulnerabilidad económica.
La situación es todavía más preocupante entre los menores. El 34% de los niños y adolescentes menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, un dato que apunta a un problema de fondo con consecuencias a largo plazo en términos de desigualdad, salud y oportunidades educativas.
Mientras el Gobierno defiende la evolución positiva de las grandes variables macroeconómicas y el aumento del gasto social, los datos de consumo básico muestran que la inflación ha actuado como un impuesto silencioso sobre las familias. El encarecimiento sostenido de los productos esenciales ha reducido la capacidad real de compra y ha obligado a muchos hogares a renunciar incluso a alimentos fundamentales.
La encuesta del INE refleja así una brecha creciente entre el discurso macroeconómico y la realidad cotidiana, en la que cada vez más personas se ven forzadas a adaptar su dieta y su nivel de vida a un entorno de precios persistentemente altos. Una señal clara de que, más allá de los agregados económicos, el coste de la vida sigue siendo el principal problema para millones de españoles.
