El Congreso de los Diputados votará el próximo jueves las enmiendas introducidas en el Senado a la Ley de Empleo, lo que supone el último tramite parlamentario antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor.

La nueva norma transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una nueva Agencia Estatal de Empleo, lo que permitirá, según el Gobierno, una mejor gestión y funcionamiento "sin que suponga un cargo económico para el erario".

Una de las polémicas surgidas en torno a la ley fue la introducción de una modificación en el Estatuto de los Trabajadores pactada entre Gobierno y EH Bildu para que Inspección de Trabajo se pueda pronunciar en un despido colectivo o Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

De hecho, este último punto provocó el enfado de la CEOE y Cepyme, que indicaron que para ellos el Ministerio de Trabajo quedaba "invalidado como interlocutor fiable", al entender que la modificación era "tramposa y contraria a la buena fe".

El texto incorpora otra reforma en el Estatuto de los Trabajadores para 'blindar' la inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cualquier de sus cuantías, ya sea en términos mensuales o anuales.

De su lado, el Gobierno acordó con Esquerra Republicana (ERC) la elaboración de un plan bienal para el fomento del empleo digno que estará financiado con los Presupuestos Generales del Estado. En lo que respecta al plan bienal, este se elaborará por el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las CCAA y la Agencia Estatal de Empleo y previa consulta de organizaciones empresariales y sindicales.

No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aclaró que esta nueva ley no transferirá la gestión de las prestaciones públicas de desempleo a las comunidades autónomas, una afirmación vertida desde el PP y que la ministra calificó como "inveraz".