jubilación

La "jubilación demorada": el espejismo fiscal que esconde un beneficio mínimo y riesgos sanitarios crecientes

El Gobierno intensifica su apuesta por la jubilación demorada como vía para sostener el sistema de pensiones, pero nuevos análisis revelan que los beneficios reales para el trabajador son exiguos
Dos jubilados paseando por la calle. / EP
Dos jubilados paseando por la calle. / EP

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convertido la jubilación demorada en el buque insignia de su política de contención del gasto en pensiones. Desde el Real Decreto-ley 11/2024, los incentivos económicos por trabajar más allá de la edad legal han aumentado hasta un 6 % en dos años. Sin embargo, expertos independientes advierten que los supuestos beneficios financieros solo compensan tras vivir más de dos décadas como jubilado.

El cálculo no es baladí. Un incremento del 4 % en la pensión por cada año de demora puede parecer generoso, pero implica renunciar a uno o dos años de cobro de pensión para obtener, a cambio, una mensualidad apenas incrementada. En palabras del economista Gonzalo Bernardos, «para que sea rentable hay que vivir 25 años tras el retiro». En otras palabras: la ecuación solo favorece a quienes superen los 90 años.

Un parche para un sistema estructuralmente frágil

La entrada masiva en la jubilación de la generación del baby boom ha desbordado el sistema. En junio, el gasto mensual en pensiones superó por primera vez los 14.000 millones de euros, con una pensión media para nuevos jubilados de 1.665 euros mensuales. A esto se suma que más del 21 % de los cotizantes actuales supera los 55 años.

Los mecanismos compensatorios diseñados por el Ministerio de Seguridad Social –como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la Cuota de Solidaridad– no han bastado. La jubilación demorada se erige entonces como fórmula desesperada para ganar tiempo en un sistema cuyo desequilibrio demográfico y financiero se agrava año tras año.

España: entre la retórica del trabajo y la realidad del retiro

Pese a la propaganda oficial, solo el 7,8 % de los jubilados en España continúa trabajando después de cumplir la edad legal. Una de las tasas más bajas de Europa, solo superada por Rumanía y Grecia. En contraste, países nórdicos y bálticos superan el 50 %, aunque en entornos laborales mucho menos agresivos.

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, lo resume con crudeza:

«¿Estamos hablando de una jubilación voluntaria o es que no les queda otra porque la pensión no les da para vivir?».

Los datos de la AIReF proyectan un posible aumento del 11 % actual al 30 % en los próximos años, pero sin que se modifiquen las condiciones estructurales del mercado laboral ni los factores sociales que empujan a los trabajadores mayores a la precariedad o al retiro anticipado.

El coste oculto: salud y mortalidad

Los efectos sobre la salud no son menores. Según un estudio reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), demorar la jubilación un solo año incrementa significativamente el riesgo de muerte entre los 60 y 69 años. Este riesgo es mayor en sectores físicamente exigentes y emocionalmente estresantes, y apenas se atenúa mediante la jubilación parcial.

La paradoja es inquietante:
La reforma de Escrivá genera, según Fedea, una “ganancia fiscal” de 5.213 euros por jubilado gracias a una mayor cotización… y a una muerte más temprana.

Un modelo que parece europeo… pero no lo es

A primera vista, el sistema español se aproxima a modelos del norte de Europa, donde el retiro tardío forma parte de una cultura laboral más flexible y digna. Pero en España, los trabajadores mayores enfrentan altas tasas de desempleo, condiciones precarias y falta de formación.

Mientras tanto, el Congreso tramita una reducción generalizada de la jornada laboral a 37,5 horas, lo cual hace aún más incoherente la idea de prolongar la vida laboral a los 67 o 68 años.

La jubilación demorada se presenta como un incentivo, pero en la práctica puede ser un callejón sin salida. Su rentabilidad depende de una esperanza de vida superior a la media, su impacto en la salud es evidente, y su alcance real se ve limitado por factores estructurales que el Gobierno no ha querido afrontar.

El sistema de pensiones no necesita medidas cosméticas, sino una reforma profunda que afronte el reto demográfico, laboral y sanitario desde una perspectiva sostenible y humanista.

Comentarios