La Inspección de Trabajo ha impuesto nuevas sanciones a la empresa de reparto Glovo por un total de 57 millones de euros por empleo de falsos autónomos y por trabajo irregular de personas extranjeras.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo, se trata de actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Glovo Madrid.

Las propuestas de sanción, adelantada por la Cadena Ser, responden a dos irregularidades.

Por un lado, 7.022 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social por una cuantía de 32,9 millones a los que se suman el acta de liquidación, que responde a la falta de cotización de esos trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social y que asciende a 19 millones.

Más de 200 millones en multas

Además, se ha sancionado con 5,2 millones por trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo, una medida que afecta a 813 personas.

En total, Glovo España acumula 205,3 millones en multas (actas de infracción y actas de liquidación) que afectan a 37.348 trabajadores.

La compañía, fundada en 2015 en Barcelona, opera en el sector del envío a domicilio en un total de 1.500 ciudades repartidas entre 25 países.

Glovo recurrirá la sanción de Trabajo

La empresa de reparto Glovo «va a recurrir» la propuesta de sanción que ha impuesto la Inspección de Trabajo, según han declarado a EFE fuentes de la compañía.

Respecto al expediente, Glovo ha alegado que el período inspeccionado al que se refiere es anterior a la entrada en vigor de la conocida como Ley Rider -que se aplica desde agosto de 2021-.

La llamada Ley Rider fue aprobada con el objetivo de acabar con el uso de «falsos autónomos» como repartidores obligando a contratarlos como asalariados.

En ese sentido, las fuentes de Glovo han argumentado que al considerar que no es consecuencia de esa ley la propuesta de sanción hace referencia a «un modelo operativo que ya no existe en España».

Tras el momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, Glovo anunció que mantendría a la mayoría sus repartidores como autónomos bajo un nuevo modelo de relación.

«No existe ningún informe de la Inspección Laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España», según han subrayado este martes las fuentes de Glovo.

Díaz exige a Glovo que cumpla la ley y señala a la vía penal

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este martes a Glovo que cumpla la legalidad vigente en la contratación de sus trabajadores y ha recordado que la última reforma del código penal contempla penas para este tipo de incumplimientos.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, Díaz ha insistido en que «ninguna empresa en España por muy grande o pequeña que sea va a quedar al margen de la ley», y ha instado a Glovo a cumplir tras las nuevas sanciones de 57 millones de euros impuestas por la Inspección de Trabajo por uso de falsos autónomos y empleo irregular de personas extranjera.

Díaz también ha recordado la última reforma del código penal, que contempla penas de prisión de hasta 6 años para quienes impongan condiciones ilegales a los trabajadores «mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo», es decir falsos autónomos, o para quienes contraten sin permiso de trabajo o sin dar de alta en la Seguridad Social.

«Actuaremos con todo el peso de la ley», ha incidido la vicepresidenta.