El Gobierno español ha comunicado que a partir de marzo, los hogares volverán a enfrentar un incremento sustancial en la carga fiscal, ya que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a la factura de la luz se elevará del 10% actual al 21%. Esta decisión marca el fin de más de dos años de medidas fiscales destinadas a contrarrestar la escalada de precios en el sector energético.

Según los análisis de expertos, este cambio impositivo tendrá un impacto directo en la tasa de inflación general del país, añadiendo automáticamente 0,3 puntos porcentuales a la misma en el mes de marzo. María Jesús Fernández, economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), estima que el componente específico de la electricidad podría experimentar un aumento inflacionario de hasta 10 puntos.

La economista explica que las previsiones iniciales de inflación del 2,8% en febrero y del 2,9% en marzo se basaban en la suposición de que la variación del precio de la electricidad era del 0%. Sin embargo, la caída de los precios en febrero, que podría rondar el 10%, ajustará esas cifras a la baja. A pesar de esto, el incremento del IVA al 21% en marzo elevará la tasa de inflación a un 2,8%, independientemente de la variación de los precios de la electricidad.

Este cambio fiscal representa una reversión de las medidas adoptadas por el Gobierno en junio de 2021, cuando se decidió reducir el IVA de la luz del 21% al 10%, como respuesta a los crecientes precios energéticos derivados de la situación en Ucrania. Posteriormente, esta rebaja se extendió al 5%, manteniéndose así hasta enero de este año, cuando se volvió a elevar al 10%. La condición para mantener el IVA al 10% hasta diciembre de este año era que el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista superara los 45 euros, condición que no se cumplió al situarse en 41,25 euros/MWh al cierre de febrero.

Las consecuencias económicas para los consumidores no se limitan al incremento del IVA. Los cálculos del sector eléctrico apuntan a que este cambio tributario resultará en un aumento del 15% en la factura media anual de un cliente típico, pasando de 467 euros a 539 euros. Esta variación implica un desembolso adicional de 72 euros al año. Además, para los consumidores autónomos, la medida generará incertidumbre al liquidar trimestralmente su IVA.

El panorama inflacionario también se ve afectado. A pesar de la reciente disminución en el precio de la electricidad, que contribuirá a una bajada prevista del 3,4% al 2,5% en febrero, el incremento del IVA en marzo desencadenará un rebote inflacionario, alejando la tasa del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo (BCE). La retirada de las medidas fiscales de apoyo ya mostró su impacto en enero, cuando el Gobierno elevó el IVA reducido del 5% al 10%, provocando un aumento significativo en la tasa de inflación.

Es crucial destacar que este aumento del IVA de la luz no solo incidirá en la inflación general, sino que también afectará la percepción de los consumidores sobre la estabilidad económica. La incertidumbre generada por las fluctuaciones en los precios de la electricidad y la carga fiscal adicional podrían tener repercusiones en la confianza del consumidor y en la actividad económica en general.

En este contexto, España se sitúa junto a Malta como el único país de la Unión Europea que no ha registrado descensos mensuales en el Índice de Precios al Consumo (IPC) de alimentos durante la crisis inflacionista. A pesar de que se espera que esto cambie eventualmente, especialmente si se mantiene el IVA reducido hasta junio, los precios en el supermercado continúan ejerciendo presión al alza, con 28 meses consecutivos de aumentos en el IPC.

En resumen, la inminente recuperación del IVA al 21% en la factura de la luz marca un hito en las políticas fiscales energéticas de España. Este cambio no solo impactará directamente en la economía de los hogares, sino que también influirá en la percepción de la estabilidad económica y la confianza del consumidor. La interacción compleja entre las medidas fiscales, los precios de la electricidad y la inflación señala la necesidad de un enfoque cuidadoso y equilibrado en la gestión de la política económica del país.