La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha fallado que en el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (Idival) se debe aplicar el octavo convenio colectivo del personal laboral del Gobierno de Cantabria. Según informa CCOO, el fallo, que afecta a una veintena de trabajadores del Idival, revoca así una sentencia anterior que fue recurrida al considerar probado que el Idival ya se adhirió en 2004 al séptimo convenio colectivo para el personal laboral del Gobierno y que, además, reconoce que existe una relación de dependencia entre esta empresa pública y el Ejecutivo regional, dado que cinco de los nueve miembros del Patronato del Idival son designados por el propio Gobierno de Cantabria.

La sentencia tiene en cuenta, además, que el desarrollo de las actividades del Idival se financia, principalmente, con cargo a los presupuestos del Gobierno de Cantabria lo que, según dice literalmente el fallo, “implica el control indirecto de todas las actividades, incluso de las financieras y patrimoniales”, por lo que es lícito que el convenio de aplicación del personal que trabaja en el Idival sea el aprobado por el Gobierno de Cantabria para el personal laboral. Desde el sindicato se ha recordado que un conflicto de idénticas características ya fue sometido a resolución judicial, el del Personal Laboral de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria (ORECLA), que concluyó determinando la aplicación del VIII Convenio dada la dependencia de dicho organismo de la Administración regional.

El responsable de Empresas Públicas de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Carmelo Renedo, ha subrayado que los conflictos laborales con las empresas públicas que dependen de la Consejería de Sanidad son "el pan nuestro de cada día". "Parece mentira que la Administración trate de esta forma tan injusta, ruin e inaceptable a unos trabajadores que son esenciales para la investigación y el avance de la sanidad", lamenta Renedo, apuntando que estos trabajadores "ven, indignados, como van concatenando contrato tras contrato en fraude de sin que los responsables reconozcan su dedicación y sus derechos laborales". Renedo no entiende la "obsesión" del Gobierno de Cantabria de llevar a los juzgados conflictos laborales que lo único que hacen es generar más gasto a las arcas públicas y que "saben de antemano que tienen perdidos".