El Ministerio de Hacienda aprobó una asignación financiera considerable a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el fin de respaldar la adquisición de acciones de Telefónica, según revela un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El reporte de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de febrero, publicado recientemente el 27 de marzo, detalla que se realizó una contribución patrimonial de 500 millones de euros a la entidad pública. Fuentes del Ministerio de Hacienda, al confirmar la asignación a Europa Press, especificaron que estos fondos fueron destinados a la compra de acciones de Telefónica, en la cual el Estado ya posee un 3,044% a través de la SEPI.

Según se desprende del informe, la SEPI posee otro 2% en derivados financieros, lo que elevaría su participación en la compañía telefónica al 5% una vez que se materialicen estos activos financieros. Fuentes del mercado señalaron además que el Gobierno tiene la intención de concretar este 2% adicional en un futuro cercano.

La decisión de la SEPI de adquirir hasta un 10% del capital social de Telefónica fue tomada por el Gobierno a finales del año anterior. Este movimiento cobró relevancia ante la inesperada incursión en la compañía de la operadora saudí STC, que en septiembre pasado adquirió un 9,9% de la misma, con un valor aproximado de 2.100 millones de euros.

A precios de mercado actuales, la participación accionaria del Gobierno en Telefónica se valora en casi 716 millones de euros, considerando que la cotización de la compañía fue de 4,089 euros al cierre del pasado viernes. Sin embargo, para adquirir el restante 7% y completar el 10% requerido, el coste ascendería a alrededor de 1.646 millones de euros.

La determinación del Gobierno de no presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año en curso y de prorrogar los del año anterior generó incertidumbre sobre cómo financiaría el Estado su entrada en el accionariado de Telefónica. A pesar de ello, a mediados de febrero, el Ejecutivo ratificó que la orden de adquisición transmitida a la SEPI en diciembre se mantendría.