Desde la entrada en vigor de la polémica ley de vivienda, la oferta de alquiler habitual ha experimentado una significativa disminución del 30,57%, según revelan datos recientes de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). A pesar de este marcado descenso, el Gobierno persiste en fortalecer la aplicación de la ley, anunciando la puesta en marcha de uno de sus puntos más controvertidos en marzo.

La nueva medida en cuestión es el Índice de Precios de Referencia de Alquiler, cuya implementación está siendo liderada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La ministra ha asegurado que este índice estará listo en las próximas semanas y tiene como objetivo limitar las subidas de precios en áreas declaradas como tensionadas. Sin embargo, expertos señalan que esta restricción adicional podría traducirse en una reducción aún más pronunciada de la oferta inmobiliaria disponible.

El Índice de Precios de Referencia de Alquiler se fundamentará en una metodología aritmética que tomará en cuenta datos proporcionados por diversos organismos, incluyendo la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística, el catastro, los registradores y otros organismos especializados. Esta recopilación de datos busca garantizar la aplicabilidad del índice en toda España, con la excepción de las comunidades autónomas con Haciendas forales, las cuales deberán suministrar previamente los datos de su Agencia Tributaria.

A pesar de la amplitud de este nuevo índice, Rodríguez ha destacado que solo se aplicará en aquellas comunidades autónomas que lo soliciten. En este sentido, ha instado a los ayuntamientos y comunidades a acogerse a esta medida. Cataluña se posiciona como la primera comunidad autónoma en solicitar la limitación de los precios del alquiler, buscando establecer zonas tensionadas, y actualmente se encuentra en negociaciones con el Ministerio de Vivienda para implementar esta medida.