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El Gobierno estudia subir las multas según la renta

La propuesta de Sumar plantea incrementos de hasta un 500% para rentas altas y descuentos mínimos para las más bajas

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. / Jesús Hellín
(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. / Jesús Hellín

El Gobierno de España estudia implantar un nuevo sistema progresivo de sanciones, en el que todas las multas impuestas por el Estado se calcularían en función de los ingresos del infractor. Esta medida, impulsada por Sumar, busca extender el modelo de multas progresivas de la DGT a otros ámbitos como Hacienda o la Inspección de Trabajo, con el objetivo de aumentar la recaudación pública.

La proposición de ley de la formación liderada por Yolanda Díaz contempla un incremento exponencial en las sanciones para las rentas más altas, mientras que las personas con ingresos más bajos recibirían una reducción menor en comparación.

¿Cómo se aplicarían las multas según la renta?

Si la medida prospera, las multas de tráfico serían solo el primer paso. La iniciativa establece que en un plazo de seis meses, el Ejecutivo deberá evaluar la viabilidad de aplicar este modelo a todas las sanciones administrativas.

Según la propuesta de Sumar, los ajustes se aplicarían de la siguiente manera:

Aumento de la sanción:

  • +150% para rentas entre 70.000 y 85.000 euros anuales.
  • +300% para ingresos entre 85.000 y 100.000 euros.
  • +500% para quienes ganen más de 100.000 euros.

Reducción de la sanción:

  • -15% para quienes ingresen hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
  • -30% para ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el SMI.

Ejemplo práctico: una multa de tráfico según el nivel de ingresos

Actualmente, una infracción como acelerar ante un semáforo en ámbar se sanciona con 200 euros. Si se aplicara la progresividad:

-Un conductor con ingresos bajos (hasta 1,5 veces el SMI) pagaría 140 euros.
-Un conductor con ingresos entre 70.000 y 85.000 euros pagaría 500 euros.
-Un infractor que gane más de 100.000 euros pagaría 1.000 euros.

Conclusión: el incremento recaudatorio en las rentas altas (hasta 800 euros más) es mucho mayor que la reducción aplicada a las rentas bajas (60 euros menos).

Multas fiscales e inspecciones de trabajo, en el punto de mira

Si la progresividad en las sanciones se extiende a otros ámbitos, el impacto económico podría ser aún mayor. Las multas de Hacienda pueden llegar a 30.000 euros en casos de infracciones muy graves, lo que supondría sanciones de hasta 150.000 euros para las rentas más altas bajo el nuevo sistema.

Del mismo modo, las inspecciones laborales por irregularidades en la contratación podrían implicar sanciones mucho más severas para las empresas y profesionales con ingresos elevados.

Recaudación récord por multas: más de 500 millones de euros

El impacto financiero de esta medida sería significativo. Según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la Dirección General de Tráfico (DGT) ingresó más de 500 millones de euros en 2023 solo por sanciones viales.

Datos clave de la DGT en 2023:

  • 5,2 millones de multas en total.
  • 3,35 millones por exceso de velocidad (representan dos de cada tres sanciones).
  • 637.520 por circular sin ITV en regla (+3,09% respecto a 2022).
  • 134.547 por conducir sin carnet (-2,12%).
  • 100.739 por no llevar cinturón de seguridad (-4,95%).
  • 92.912 por uso del teléfono móvil al volante (+5,34%).

Si la progresividad se implementara en estos casos, la recaudación estatal podría aumentar considerablemente, especialmente con las sanciones más altas aplicadas a conductores de rentas elevadas.

Críticas y debate político

La propuesta ha generado un intenso debate. Mientras que Sumar defiende la progresividad como una medida de justicia social, sectores de la oposición y expertos económicos alertan sobre el posible afán recaudatorio de la iniciativa.

Desde la DGT, su director, Pere Navarro, ha asegurado que el objetivo es "buscar un modelo más equitativo", aunque reconoció que todavía hay dudas sobre su aplicación en otros ámbitos.

Por su parte, organizaciones de automovilistas y contribuyentes han manifestado su preocupación por el impacto desproporcionado en determinados sectores, y alertan de que la medida podría derivar en un modelo de imposición fiscal encubierta.

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