La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha revelado recientemente el límite de gasto no financiero que contempla incorporar en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta cifra asciende a 189.215 millones de euros, excluyendo los fondos europeos, lo que representa un incremento sustancial de 69.381 millones en comparación con los 119.834 millones del techo de gasto aprobado en el último presupuesto durante el mandato de Mariano Rajoy en 2018. Este aumento representa un 58 % más en relación con la última asignación presupuestaria aprobada bajo el gobierno anterior. Si se incluyen los fondos europeos en la ecuación, el techo de gasto alcanza los 199.120 millones de euros, superando a Rajoy en 79.286 millones, lo que significa un aumento del 66 %.

Este aumento del 9,5 % en el techo de gasto sin contar los fondos europeos, según lo anunciado por Montero, plantea interrogantes, especialmente en el contexto de la reintroducción en 2024 de los límites de déficit y deuda que la Comisión Europea impondrá a España y otros países miembros. Aunque la ministra insiste en que el déficit descenderá al 3 % el próximo año, algunos analistas, como el economista José María Rotellar, expresan escepticismo ante esta proyección.

Rotellar destaca que se está generando un gasto estructural y que se está basando en una previsión de aumento de la recaudación que probablemente no se materializará debido a la desaceleración económica. Señala que el incremento excepcional de la recaudación del año pasado, derivado en gran medida de la inflación, no se tradujo en una reducción significativa del déficit. En lugar de ello, indica que este aumento de ingresos se ha destinado a gasto estructural.

La preocupación principal radica en que gran parte del gasto estructural está vinculado a las empresas públicas, que fueron los principales beneficiarios de los fondos europeos, según informes recientes. Este gasto estructural persistirá incluso cuando los fondos de la Unión Europea ya no estén disponibles. Aunque estos fondos actualmente respaldan en parte el límite de gasto, su eventual desaparición dejará un vacío presupuestario que será difícil de llenar, especialmente dada la menor capacidad de las empresas públicas para multiplicar el impacto económico en comparación con las empresas privadas.

Además, Rotellar identifica otra discrepancia entre las expectativas de recaudación del Estado y las promesas de transferencias a las comunidades autónomas. Advierte que la recaudación líquida está experimentando una desaceleración y que las estimaciones de entregas a cuenta a las comunidades podrían superar lo que realmente se está recaudando. Esto podría resultar en liquidaciones negativas en el futuro, creando un desafío presupuestario para los años venideros.