El Gobierno español está preocupado ante la inminente posibilidad de que Saudi Telecom Company (STC) adquiera hasta el 9,9% de las acciones de Telefónica, la principal empresa de telecomunicaciones del país. Esta acción ha generado inquietud en el gobierno debido a la naturaleza estratégica de Telefónica y su impacto en la economía nacional.

Con el objetivo de salvaguardar los intereses estatales, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la determinación del gobierno de obtener una posición en el consejo de administración de Telefónica. Sin embargo, la inclusión de un representante del gobierno en el consejo no será una tarea fácil. La próxima junta de accionistas, programada para el 12 de abril, no ofrece la oportunidad para tal inclusión, ya que el orden del día ya está fijado y no permite agregar nuevos puntos.

La situación se complica aún más con la naturaleza de la operación de STC. El fondo soberano saudí, que controla el 64% de STC, anunció en septiembre su intención de adquirir hasta el 9,9% de las acciones de Telefónica, lo que representa una inversión considerable de más de 2.000 millones de euros. Esta adquisición se dividió en dos partes: STC compró directamente el 4,9% de las acciones, mientras que el restante 5% se estructuró a través de derivados.

La clave de la estrategia gubernamental radica en el plazo hasta marzo de 2025. En este periodo, STC tiene la opción de adquirir el segundo tramo de acciones, lo que podría aumentar su participación en Telefónica. Esta circunstancia ha llevado a especulaciones sobre un posible acuerdo entre el gobierno español y STC para retrasar la adquisición hasta que el Estado tenga un representante en el consejo de Telefónica.

La estrategia del gobierno de España ha sido comparada con casos anteriores, como el intento de Vivendi de adquirir más del 10% de Prisa en 2021. En aquella ocasión, el gobierno también actuó para proteger los intereses estratégicos del país, dilatando la resolución del caso hasta que se pudieran garantizar los intereses nacionales.

El inicio de la participación estatal en Telefónica se ha marcado con la compra del 3,04% de las acciones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Esta adquisición marca el primer paso en la estrategia gubernamental para garantizar la representación estatal en el consejo de administración de Telefónica. Además, se espera que el gobierno adquiera hasta el 10% de las acciones, reservando 2.000 millones de euros para este propósito.

En resumen, el gobierno español está tomando medidas para proteger los intereses estratégicos en Telefónica ante la posible adquisición de acciones por parte de STC. La inclusión de un representante gubernamental en el consejo de administración se ha convertido en una prioridad, y se están implementando estrategias para garantizar que esto ocurra antes de que se concrete la transacción con STC.