España sufre un apagón histórico por falta de previsión: cinco años ignorando las advertencias
Cinco años de advertencias ignoradas, déficit inversor y ausencia de planificación estratégica precipitan la mayor caída eléctrica en la historia reciente del país
En una jornada que pasará a los anales de la historia energética española, la red eléctrica nacional colapsó. El pasado lunes, a las 12:33 horas, se produjo un apagón sin precedentes que dejó a millones de ciudadanos sin suministro eléctrico. La causa no fue un ciberataque ni una catástrofe natural: fue la consecuencia directa de cinco años de desidia técnica, política y regulatoria frente a los riesgos derivados de una transición energética mal gestionada.
La advertencia ignorada: el coste de mirar hacia otro lado
Ya en 2020, técnicos de Red Eléctrica de España (actual Redeia) alertaron en informes internos que la creciente dependencia de energías renovables intermitentes, sin un plan paralelo de almacenamiento energético ni refuerzo de interconexiones, ponía en riesgo la operabilidad del sistema. España, por su limitada conexión con redes europeas y su orografía, es especialmente vulnerable.
Esos informes internos hablaban con claridad: "riesgo inadmisible de pérdida de frecuencia", "déficit de inercia", y la necesidad de "implantar baterías masivas o plantas de respaldo". Nada de eso se implementó con la urgencia requerida.
Déficit inversor y caída de la capacidad de respuesta
Redeia, empresa semipública controlada en un 20% por el Estado, mantuvo entre 2013 y 2023 una inversión por debajo del límite legal del 0,065% del PIB, acumulando un déficit inversor de 3.200 millones de euros. Este dinero no invertido era esencial para modernizar una red que, cada año, absorbía más energía solar y eólica sin mecanismos compensatorios suficientes.
El cierre progresivo de centrales nucleares, de carbón y gas natural, sin alternativa sólida, ha generado un mix energético desequilibrado y frágil, incapaz de sostener la demanda en condiciones de estrés. Y el resultado fue una desconexión repentina de 15 gigavatios, lo que representa el 60% del consumo total en ese momento.
Un apagón anunciado: causas técnicas y políticas
Fuentes del sector consultadas por El Mundo confirman que el colapso fue provocado por una caída en cadena de plantas fotovoltaicas en el suroeste peninsular, posiblemente en Extremadura, donde Red Eléctrica ya había ordenado restricciones por sobreoferta días antes.
El sistema, privado de inercia síncrona —que proveen las plantas térmicas y nucleares—, no pudo absorber las oscilaciones de frecuencia, y entraron en funcionamiento los sistemas de protección automática, desconectando más plantas en un efecto dominó.
La propia Redeia admitió en su informe anual de febrero de 2025 el riesgo de "desconexiones por penetración de renovables", pero públicamente su presidenta, Beatriz Corredor, lo negó en rueda de prensa y en redes sociales hasta el mismo día del colapso.
La Estrategia de Seguridad Energética, congelada desde 2015
El último plan estratégico del Estado para prevenir apagones data de 2015, aprobado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. A pesar de las sucesivas crisis —pandemia, guerra en Ucrania, sanciones energéticas a Rusia—, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha actualizado ese documento.
La Estrategia de Seguridad Energética contemplaba cinco ejes clave: seguridad de abastecimiento, diversificación energética, almacenamiento, gobernanza y anticipación ante riesgos. Ninguno ha sido revisado ni reforzado.
En 2020, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó una revisión del plan. En 2021 se mencionó en el informe anual. En 2022 desapareció bajo un nuevo epígrafe: “vulnerabilidad energética”.
Consecuencias políticas: Sánchez cambia el relato
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpó inicialmente a las eléctricas por el apagón. Pero tras reunirse en Moncloa con sus representantes, modificó su discurso, agradeciendo su colaboración y señalando a Red Eléctrica como operador privado —pese a estar controlada por el Estado—.
Fuentes internas aseguran que Moncloa baraja una auditoría y cambios en la cúpula directiva de Redeia, aunque los expertos recuerdan que la gestión energética recae en el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera.
La pregunta clave: ¿puede volver a pasar?
Sí. Mientras no se refuerce la red de transporte, no se desarrollen mecanismos de almacenamiento y no se revise el mix energético para incorporar fuentes firmes que estabilicen la frecuencia, el riesgo de nuevos apagones se mantendrá.
Como advirtió la CNMC en enero: "Las tensiones han superado los umbrales normativos". Como denuncian los técnicos: "No hay capacidad de respuesta". Como reconocen en privado los promotores verdes: "No fuimos desconectados, fuimos expulsados de la red".
Este apagón no ha sido un accidente. Ha sido la consecuencia inevitable de ignorancia técnica, pasividad política y desinversión pública. Un país que aspira a liderar la transición energética no puede construirla sobre redes obsoletas, planes caducados y silencio institucional ante las alertas del sector.
