España bate récord de empleo público y deja atrás a los autónomos
España ha alcanzado un nuevo máximo histórico de empleo público, con 3,64 millones de trabajadores en las administraciones, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta cifra supone una diferencia de casi 350.000 personas más que el número de autónomos, que cerraron el año con 3,29 millones. La brecha no solo es récord, sino que refleja una tendencia que se ha acelerado desde 2017 y que genera preocupación en parte del tejido productivo.
El auge de los empleados públicos se contrapone al estancamiento que vive el trabajo autónomo, especialmente tras la pandemia y con un contexto económico marcado por mayores costes laborales, presión fiscal, regulaciones y pérdida de competitividad en los pequeños negocios.
Una brecha en aumento desde 2017
El cruce de caminos se produjo en 2017, cuando el número de funcionarios superó por primera vez en décadas al de trabajadores por cuenta propia. Desde entonces, el crecimiento de ambos colectivos ha ido por caminos opuestos: mientras el sector público ha incrementado su plantilla un 18% en ocho años, el número de autónomos solo ha crecido un 7%, y de forma muy desigual según sectores.
En el verano de 2024, la diferencia entre ambos colectivos llegó a rozar las 400.000 personas, y aunque la distancia se ha moderado ligeramente, sigue en niveles máximos.
Gasto récord: 180.000 millones en nóminas
Este crecimiento del empleo público también ha impactado en el gasto estatal. El coste en remuneración de asalariados públicos rozó en 2025 los 180.000 millones de euros, entre subidas salariales, nuevas contrataciones y revalorización de condiciones. A esto se suma el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos para aumentar los sueldos públicos un 11,4% entre 2025 y 2028, con una subida del 4% ya repartida entre finales de 2025 y el inicio de 2026.
Al finalizar el periodo, el salario medio de un funcionario superará los 3.500 euros brutos mensuales, en un contexto de tensiones sobre la sostenibilidad presupuestaria y el cumplimiento de las reglas fiscales europeas. Esta revalorización, junto a la subida de las pensiones, elevará el coste conjunto de ambas partidas a más de 400.000 millones de euros.
Los autónomos, “asfixiados” por los costes
Desde el lado opuesto, los representantes de los autónomos denuncian una situación de “asfixia” regulatoria y fiscal. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado duramente el entorno económico y las políticas del Gobierno, responsabilizando a la burocracia, los impuestos, las cotizaciones y la subida del SMI de las pérdidas en el colectivo.
En 2025 se perdieron más de 8.000 autónomos empleadores, y 60.000 comercios han cerrado en los últimos cinco años, según ATA. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —cerrada esta semana sin apoyo de la patronal por sexto año consecutivo— ha sido especialmente criticada: el incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales, es visto como una carga extra para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia con márgenes ajustados.
Lorenzo Amor ha llegado a calificar de “esperpento” la pugna entre los ministerios de Trabajo y Hacienda para cerrar un acuerdo, acusando incluso de “trilerismo estadístico” al comité de expertos que calculó el alza.
