Error en la enmienda del SMI: los trabajadores acabarán pagando IRPF en 2025

La medida impulsada por PSOE y Sumar para eximir del IRPF a quienes perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025 contiene un error técnico de redacción que dejará a miles de trabajadores con una carga fiscal inesperada. Según ha denunciado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el texto sólo contempla la deducción en la parte estatal del impuesto, omitiendo la cuota autonómica, lo que provocará que los contribuyentes tengan que pagar entre 178,72 y 110,89 euros, según la comunidad autónoma en la que residan.

Un fallo de calado con efecto directo en los bolsillos

El error en la redacción de la enmienda impide que se aplique una exención completa. Por ejemplo:

• En Asturias, se pagarán 178,72 euros.

• En la Comunidad Valenciana, el importe será de 110,89 euros.

• Otras comunidades como Cataluña, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha obligarán a pagar 169,78 euros.

• En Madrid, la cuota será 117,34 euros.

El problema radica en que el texto aprobado no extiende la bonificación a la parte autonómica del IRPF, lo que deja incompleta la medida que pretendía garantizar la exención fiscal del SMI en 2025. Si se corrigiera la enmienda, solo en Asturias los contribuyentes seguirían pagando una pequeña cantidad (8,72 euros) debido a su tramo autonómico más elevado.

Una deducción mal planteada y peor ejecutada

El REAF propone una alternativa más efectiva: convertir esta deducción en un impuesto negativo, similar a la deducción por maternidad. Esta fórmula permitiría que los beneficiarios recibieran la compensación fiscal a lo largo de 2025, sin tener que esperar a la campaña de la Renta de 2026 para recuperar lo pagado.

Críticas a la “deficiente técnica legislativa”

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha calificado la redacción de la enmienda como “desatinada”. Además, ha reclamado que se deflacte la tarifa del IRPF y se aumenten los mínimos personales y familiares, para que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo en un entorno inflacionario.

Pich también ha expresado su malestar por la inseguridad jurídica generada por el Gobierno al no regular a tiempo la prórroga del régimen de módulos y el sistema de devolución a los mutualistas. Según ha indicado, “no es aceptable que se regule en una ley fiscal y luego se reinterprete sin pasar por el BOE”.

Mutualistas y fiscalidad: más críticas por la falta de previsión

El presidente del REAF, Agustín Fernández, ha afirmado que la regulación actual del SMI para 2025 es más ineficiente que la de 2024, ya que los trabajadores adelantarán el impuesto para luego tener que presentar la declaración solo para recuperar lo retenido.

En cuanto a los mutualistas, Fernández ha recalcado que las reglas tributarias deben ser claras y estables. Cambios de criterio legislativo tan repentinos generan incertidumbre entre ciudadanos, asesores e inversores, y minan la confianza en el sistema.

Recomendaciones fiscales para 2024

Además, el REAF ha presentado una lista de 50 recomendaciones para preparar la declaración de la renta y patrimonio. Entre ellas:

• Inversiones en eficiencia energética del hogar.

• Compra de vehículos eléctricos o instalación de puntos de recarga.

• Aprovechamiento de las deducciones por donativos a entidades sin fines de lucro.

• Modulación de la reducción fiscal por arrendamientos de vivienda, ajustada a los últimos cambios legales.

También han señalado que el 10 % de los costes para los promotores de vivienda corresponden a tributos, un factor clave para entender la presión fiscal en el mercado inmobiliario.

Una promesa fiscal mal cumplida

El anuncio de que el SMI quedaría exento de IRPF en 2025 fue recibido con optimismo. Sin embargo, la deficiente técnica legislativa, unida a la falta de previsión del Gobierno, pone en entredicho la eficacia de esta medida. El REAF pide más rigor, mejor coordinación institucional y una reforma estructural del sistema fiscal que garantice seguridad jurídica, equidad y eficacia.

Mientras tanto, miles de trabajadores que confiaban en no tributar por su salario mínimo se verán obligados a pagar, aunque en cantidades reducidas, un impuesto que se suponía eliminado.