En un pacto trascendental sellado en 2019, los titanes de la energía nuclear en España, Iberdrola y Endesa, junto con el Gobierno, acordaron un ambicioso plan de cierre para todas las centrales nucleares en el país. La hoja de ruta establece que para el año 2035, estas instalaciones estratégicas cesarán sus operaciones, dando paso a un cierre progresivo entre los años 2027 y 2035. Este acuerdo monumental no solo redefine la matriz energética nacional sino que también desencadenará una serie de eventos económicos sin precedentes.

El coste económico de esta transición hacia un sistema energético post-nuclear es monumental. Iberdrola y Endesa, como principales actores del sector, se han comprometido a desembolsar cuantiosas sumas para garantizar el ordenado cierre de estas plantas. Inicialmente, la cifra asciende a 999 millones de euros, cifra que se incrementará significativamente en 2025, alcanzando la impresionante suma de 1.566 millones de euros, un aumento del 56%. Este desembolso financiero subraya la magnitud del cambio en el paradigma energético y plantea interrogantes sobre el impacto económico a corto y largo plazo.

El aspecto fiscal de esta transición ha emergido como un punto crítico en el acuerdo. A lo largo de los años, las centrales nucleares en España han experimentado un crecimiento exponencial en las cargas fiscales, incluyendo tributos y tasas medioambientales que gravan diversos aspectos, desde los ingresos por la venta de electricidad hasta el manejo del combustible nuclear gastado. Este aumento constante ha generado un desequilibrio en la estructura de ingresos y costos convencionales de estas centrales, según un análisis profundo de la consultora PwC en su informe titulado "El papel de la energía nuclear en el marco de la transición energética".

Las tasas actuales ya alcanzan los 25 euros por megavatio hora (MWh), representando entre el 35% y el 40% de la facturación anual de las centrales nucleares. Con la implementación de una nueva normativa, este gravamen podría aumentar hasta los 28 euros/MWh, acumulando así 1.566 millones de euros en impuestos, una cifra que plantea retos sustanciales para la rentabilidad y competitividad del sector.

No obstante, este escenario fiscal complejo no es nuevo. Desde la creación en 2005 de la tasa destinada a financiar el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), las centrales nucleares han experimentado incrementos escalonados en función de los crecientes costos del plan. La última modificación propuesta en un Real Decreto de enero de 2024, de materializarse, supondría un aumento del 40% en la tasa, elevándola de los actuales 7,98 euros/MWh a 11,14 euros/MWh a partir de julio de 2024.

La necesidad de mantener siete almacenes temporales descentralizados (ATD) ha sido el motor detrás de esta actualización de costos. Estos almacenes reemplazarán al fallido Almacén Temporal Centralizado (ATC), generando un costo adicional de 2.000 millones de euros. Sin embargo, es crucial destacar que este costo no recae en los propietarios de las centrales nucleares, sino que surge de una decisión política, lo que añade complejidad al rompecabezas económico de la transición.

La postura del Gobierno español en relación con la energía nuclear es firme, siguiendo el ejemplo de Alemania al confirmar que esta forma de generación de energía tiene fecha de caducidad en el país. Esta decisión está respaldada por el Protocolo de cierre ordenado, firmado en 2019 por las cuatro empresas propietarias de las centrales nucleares y Enresa, entidad responsable de la gestión de los residuos radiactivos. A pesar de la claridad gubernamental, surge un dilema subyacente: mientras ninguna empresa ha formalizado una solicitud para extender el acuerdo, las señales sugieren que la idea de prolongar el proceso de cierre no está completamente descartada por los actores principales.

José Bogas, consejero delegado de Endesa, expuso esta dualidad en una reciente presentación de resultados, indicando que, aunque hay fechas establecidas, personalmente apoyaría la extensión de la vida de las centrales nucleares. Sin embargo, contextualizó esta opinión al reconocer las decisiones políticas y energéticas que determinan el camino a seguir.

Esta aparente contradicción entre las preferencias de las empresas y la realidad política plantea una incertidumbre latente. Mientras las compañías son partidarias de ampliar la vida útil de las centrales nucleares, optan por no formalizar esta solicitud oficialmente. En este escenario, el enfoque se centra en garantizar que las centrales nucleares puedan continuar operando con seguridad económica, permitiendo la recuperación de las inversiones realizadas hasta la fecha prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para su cierre.

Este panorama no está exento de riesgos. Desde PwC, se advierte que el parque nuclear de España enfrenta un problema "artificial" de viabilidad económica, generado por una carga fiscal elevada. Aproximadamente, la energía nuclear nacional es 12 euros/MWh más cara que la francesa, lo que, desde una perspectiva puramente económica, podría precipitar una prescindencia acelerada de esta tecnología.

En caso de tal eventualidad, se proyecta un aumento de 13,26 euros/MWh en el precio medio del mercado eléctrico en España. Este incremento resultaría del mayor protagonismo de los ciclos combinados (CCGT) en la fijación de precios, con consecuencias palpables en el consumo de gas natural y un aumento de las emisiones de CO2. Además, se debe considerar el impacto en la seguridad de suministro, ya que estudios a nivel europeo y nacional advierten de márgenes de cobertura estrechos incluso en los próximos años, periodo en el cual las centrales nucleares continúan operativas.

PwC propone una solución que pasa por no aumentar la carga fiscal de la tecnología nuclear, permitiendo a Enresa cubrir los desvíos planificados con la recaudación generada desde 2012. La legislación actual establece que las centrales pagan una tasa por la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos, aproximadamente 5 euros/MWh, generando más de 3.000 millones de euros hasta 2023. Esta suma habría sido suficiente para cubrir el coste adicional de 2.000 millones de euros planificado para los almacenes temporales descentralizados si se hubiese destinado a un fondo para desviaciones de Enresa.

Así, mientras el reloj avanza hacia el cierre programado de las centrales nucleares en España, se desata una batalla fiscal que se librará mientras estas instalaciones cruciales para la energía del país continúan su proceso de cierre. El resultado de esta lucha no solo determinará el futuro de la energía en España, sino que también ofrecerá lecciones valiosas sobre la complejidad de la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y las decisiones cruciales que deben tomarse en el camino.