¿Cuánto nos costará el nuevo pacto salarial de Sánchez con los funcionarios?
El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo histórico con los sindicatos de funcionarios que supondrá una subida salarial del 11,4% en cuatro años, con un coste estimado de 12.000 millones de euros para el conjunto de los contribuyentes. La medida afectará a unos 3,5 millones de empleados públicos, que verán incrementadas sus retribuciones en entre 3.000 y 4.000 euros en ese período, dependiendo del grupo al que pertenezcan, según publica VozPopuli.
Subidas por grupo: hasta 3.860 euros más al año
Según los detalles del pacto, recogidos en el documento firmado este jueves:
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Subgrupo A1 (altos funcionarios): la subida será de unos 3.860 euros anuales, alcanzando los 37.818 euros en 2028, frente a los 33.952 actuales.
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Grupo B: aumento de 3.447 euros, con un salario medio de 33.590 euros anuales.
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Grupo C1: subida más moderada, con una media de 31.393 euros anuales.
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Grupo C2: alcanzará los 29.214 euros al año al final del periodo.
En términos acumulados, los sueldos de los funcionarios se incrementarán entre 28.200 y 37.800 euros a lo largo de cuatro ejercicios.
Un guiño electoral a los empleados públicos
Este incremento salarial se interpreta como un gesto político claro hacia el electorado del sector público, clave para el Gobierno en un contexto de desgaste en las encuestas. En palabras del propio Pedro Sánchez durante el acto de firma, el acuerdo representa el triunfo del «diálogo» y el «espíritu de acuerdo», y lo ha presentado como una victoria para «millones de funcionarios».
Sánchez ha defendido que se trata de un paso hacia un modelo de empleo público más adaptado al siglo XXI, más moderno y preparado para los retos del futuro.
CSIF avisa: “No es un cheque en blanco”
El sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, representado por su presidente Miguel Borra, ha respaldado el acuerdo, aunque no sin lanzar advertencias. Borra ha reconocido que es «el mejor acuerdo posible» en el actual escenario de bloqueo presupuestario, pero ha criticado que el Ministerio de Función Pública no iniciara las negociaciones antes.
Además, ha dejado claro que vigilarán el cumplimiento de lo pactado y no descartan movilizaciones si no se ejecuta «en tiempo y forma».
“Este acuerdo no es un cheque en blanco al Gobierno”, ha sentenciado Borra, asegurando que los funcionarios valoran positivamente el esfuerzo, pero se mantendrán alerta.
Impacto en las cuentas públicas: ¿es sostenible?
El coste de este acuerdo se suma a un contexto de presión fiscal elevada, déficit persistente y aumento del gasto en pensiones, subsidios y deuda. Diversos analistas cuestionan si es fiscalmente sostenible un incremento tan amplio, especialmente si se mantiene el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado y no se aplican reformas estructurales que reduzcan el gasto improductivo o mejoren la eficiencia administrativa.
Además, este pacto coincide con otras subidas del gasto público, como el coste de la subida de pensiones, la renta básica juvenil propuesta por Sumar, y la extensión de subsidios por desempleo, lo que multiplica el impacto global sobre el equilibrio presupuestario.
