La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este lunes en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa a los recortes de 2010, cuando se redujo el importe de una de las pagas extra.

Desde CSIF, se pretende conseguir la derogación del artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto aprobado en mayo de 2010, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Según los cálculos del sindicato, estas pagas extras recortadas desde 2010 hasta la actualidad suponen 30.000 millones de euros y afectan a 2 millones de trabajadores de las administraciones públicas.

Desde 2010 la paga extra se ha visto mermada de media 1.600 euros anuales entre médicos, jueces, ingenieros e inspectores (grupo A1), 1.200 euros para los enfermeros y maestros (grupo A2) y 500 euros en el caso de los policías locales (grupo C1).

El sindicato ha afirmado haberse dirigido al Gobierno en "reiteradas ocasiones" para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, pues entiende que los empleados públicos ya han contribuido "de manera sobrada" a la crisis financiera y en un momento de recaudación récord se podría afrontar este gasto.

CRÍTICAS AL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS 'SINDICATOS DE CLASE'

CSIF ha declarado que el acuerdo de la Función Pública alcanzado entre el Gobierno y los 'sindicatos de clase' "agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos". De hecho, CSIF se ha dirigido al Gobierno para exigir la renegociación de las condiciones retributivas de los empleados públicos y la mejora de sus condiciones laborales.

El presidente del sindicato, Miguel Borra, ha advertido de que si el Gobierno y las diferentes administraciones no atienden a sus reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos, se verán abocados a "un conflicto generalizado y global en el ámbito público".