En una decisión unánime, el pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad presentada contra la modificación del impuesto de Sociedades realizada en 2016, bajo la gestión de Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda.

La reforma implementada por Hacienda en 2016 limitó la compensación de pérdidas de las empresas en la factura fiscal, medida aprobada a través del Real Decreto-ley 2/2016. El Tribunal Constitucional ha determinado que esta modificación tuvo un "impacto notable" en el tributo, afectando la esencia del deber de contribuir de los obligados por este impuesto, por lo que se declara inconstitucional y nula.

Sin embargo, la decisión del Tribunal establece límites claros para las empresas que busquen reclamar por esta modificación, siguiendo una línea similar a la adoptada en 2021 con la plusvalía municipal. El TC excluye de una posible revisión las obligaciones tributarias devengadas por el impuesto que ya hayan sido decididas de manera definitiva mediante sentencia o resolución administrativa firme a la fecha de la sentencia. Además, no podrán revisarse liquidaciones que no hayan sido impugnadas hasta la fecha de la sentencia, ni las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada hasta dicha fecha.

Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia y actual diputado del PSOE, se ha abstenido en la deliberación de la sentencia. Enrique Arnaldo, por su parte, ha formulado un voto particular debido a la limitación de los efectos de la sentencia, argumentando que "no debería excepcionarse en las normas tributarias la invocación de la seguridad jurídica", según fuentes judiciales.