La Comisión Europea señala a España: más leyes, menos casas y precios por las nubes
La Comisión Europea ha emitido un informe contundente sobre la situación de la vivienda en España. En él advierte que las políticas aplicadas por el Gobierno han generado efectos contraproducentes: más regulación, menos oferta y precios más altos. A esto se suma un dato especialmente preocupante: uno de cada cinco hogares en España no puede permitirse encender la calefacción en invierno. Un diagnóstico que sitúa a nuestro país entre los más afectados por la pobreza energética en toda la Unión Europea.
España, entre los países con más hogares sin calefacción
El informe, elaborado por la comisión de Vivienda de Bruselas, revela que mientras que la media europea de personas que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada es del 9,2 %, en países como España, Bulgaria, Lituania y Portugal esta cifra se dispara hasta el 20 %. Solo Luxemburgo y Finlandia registran porcentajes mucho más bajos, en torno al 3 %, lo que deja en evidencia el mal posicionamiento español en esta materia.
En el caso concreto de España, el 20 % de la población declara no poder encender la calefacción por motivos económicos. Este dato empeora cuando se analiza por género: las mujeres sufren más esta situación, con un 17,5 % afectadas, especialmente en hogares monoparentales o encabezados por mujeres mayores. En Barcelona, el 70 % de las ayudas para pobreza energética ha sido solicitado por mujeres en situación de vulnerabilidad: madres solteras, mujeres mayores y personas con discapacidad.
La pobreza energética como indicador de vivienda inadecuada
Según la Comisión, la incapacidad de calentar adecuadamente un hogar es uno de los principales indicadores de condiciones de vivienda inadecuadas. Y en este aspecto, España suspende de forma clara. Las políticas actuales no están logrando frenar el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, especialmente en invierno.
Este fenómeno afecta a la calidad de vida, la salud pública y la igualdad de oportunidades, y constituye, en palabras del propio informe, una emergencia estructural.
Regulación excesiva y falta de suelo edificable
Bruselas también apunta directamente a las causas estructurales del problema. La regulación urbanística en España es descrita como “lenta, compleja y legalmente frágil”, lo que frena la construcción de nuevas viviendas. Según el informe, las revisiones de los planes urbanísticos pueden tardar años, y a menudo deben reiniciarse por fallos judiciales. Todo ello genera una escasez crónica de suelo edificable, sobre todo en grandes ciudades como Madrid.
Además, el texto señala que “las regulaciones del suelo más estrictas se asocian con precios más altos”, ya que limitan la oferta mientras la demanda continúa creciendo. Medidas como el tamaño mínimo de parcela, los límites de densidad o los controles al crecimiento urbano son considerados obstáculos que encarecen la vivienda y restringen el acceso.
Impacto en los mayores y propietarios con rentas bajas
La Comisión Europea también destaca otro fenómeno preocupante: el creciente empobrecimiento de los propietarios mayores. Aunque muchas personas mayores ya no tienen hipoteca, una cuarta parte de ellas sigue en riesgo de pobreza, al no poder asumir el coste de mantenimiento, suministros o impuestos asociados a sus viviendas.
Este fenómeno se agrava con el aumento del coste energético y la inflación, lo que lleva a muchos a vivir en condiciones precarias, pese a haber completado el pago de su vivienda. Para Bruselas, esto demuestra el fracaso de las políticas de apoyo a la tercera edad en materia de vivienda.
Insuficiencia en la construcción de vivienda social
Otro punto crítico del informe es la falta de vivienda pública. La producción de vivienda social en España no alcanza a cubrir las necesidades reales, y las listas de espera crecen año tras año. Bruselas lo califica como una “brecha sustancial entre la demanda y la producción de vivienda asequible”.
La situación se repite en todo el territorio, pero se agrava en entornos urbanos y metropolitanos, donde el precio de los alquileres ha subido más del 40 % en algunos barrios en los últimos cinco años. La intervención pública no ha sido suficiente para frenar esta tendencia, y la nueva Ley de Vivienda aprobada recientemente por el Gobierno no parece haber revertido la dinámica.
