La CNMC aprueba la fusión BBVA-Sabadell pero deja la última palabra al Gobierno
La OPA del BBVA sobre Sabadell supera su mayor obstáculo regulatorio, con una aprobación condicionada por parte de la CNMC que obliga a la entidad a mantener servicios y condiciones actuales en más de 160 zonas sensibles del país
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este miércoles, por unanimidad, la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell, tras considerar que los compromisos propuestos por el grupo vasco son “adecuados, suficientes y proporcionados” para resolver los problemas de competencia derivados de la fusión bancaria.
Financiación garantizada a pymes durante tres años
Entre los compromisos más relevantes figura el que el BBVA mantenga la financiación a corto, medio y largo plazo para todas aquellas pymes y autónomos que actualmente dependen de Sabadell o del propio BBVA. Esta medida estará vigente durante tres años y afecta especialmente a regiones como Cataluña y Baleares, donde la cuota de mercado combinada supera el 30%.
“Estas líneas de crédito se renovarán a su fecha de vencimiento mientras duren los compromisos”, subraya la CNMC en su comunicado oficial.
Además, la entidad presidida por Carlos Torres Vila deberá mantener las condiciones actuales de los clientes en 168 códigos postales especialmente sensibles, donde la competencia se vería más afectada.
Oficinas y cajeros: presencia garantizada en zonas vulnerables
El BBVA se compromete también a no cerrar oficinas en municipios donde sólo esté presente uno de los dos bancos o en localidades de baja renta per cápita. En total, mantendrá las 35 oficinas especializadas en empresas que hoy tiene Sabadell y asegurará el acceso a cajeros automáticos en condiciones idénticas durante los próximos 18 meses.
Una aprobación condicionada: la última palabra, del Gobierno
Aunque la CNMC subordina su visto bueno al cumplimiento de estas condiciones, la decisión aún no es firme. Según marca la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene 15 días para decidir si eleva el asunto al Consejo de Ministros, lo que podría paralizar o incluso vetar la operación.
La ley permite al Ejecutivo bloquear concentraciones por motivos de interés general, como la estabilidad financiera, la seguridad nacional o la promoción de la innovación.
