En una reciente reunión entre representantes del Ministerio de Educación, Formación y Deportes, CEOE, Cepyme y UGT, se informó que las subvenciones directas de 30 millones de euros otorgadas en 2023 para la formación en la «digitalización del sector productivo» no deberán ser devueltas, a pesar de la anulación por parte del Tribunal Supremo. La sentencia, emitida el pasado 23 de mes, invalidó un decreto que asignó dichas subvenciones de manera directa y sin convocatoria pública.

El fallo judicial en cuestión invalidó el mencionado decreto que otorgó, de manera directa y sin convocatoria pública, subvenciones por un total de 30 millones de euros destinadas a la formación en la «digitalización del sector productivo». La distribución de estos fondos fue la siguiente: CEOE, 15.312.500 euros; UGT, 10.208.333 euros; Cepyme, 5.104.166 euros.

Uno de los puntos centrales de la sentencia destaca que el Gobierno no proporcionó la debida «acreditación» que justificara la omisión de una convocatoria pública, incumpliendo así la Ley General de Subvenciones. A pesar de los argumentos presentados por el Ejecutivo, que apeló a la pandemia de Covid-19 y la situación en Ucrania como impedimentos, el tribunal consideró que para finales de 2022 España ya había superado la pandemia y no existían obstáculos relacionados con la guerra en Ucrania que impidieran cumplir con la legislación vigente.

Decisión sin respaldo técnico. El fallo del Tribunal Supremo también resalta que el Ministerio de Educación concedió las subvenciones en contra del parecer de la Intervención Delegada del Departamento. Este desacuerdo interno añade un matiz significativo a la controversia, sugiriendo que la decisión del Gobierno fue tomada sin el respaldo técnico necesario.

En respuesta a la sentencia, el Gobierno sostiene que la anulación se refiere únicamente a la forma de la concesión recogida en el real decreto y no a la liberación de los fondos. No obstante, se insta a Educación a considerar en futuras ocasiones la apertura de subvenciones a convocatorias públicas, según fuentes del Ministerio.

Ante la incertidumbre generada por esta situación, los representantes de CEOE, Cepyme y UGT han solicitado al Ministerio de Educación que ratifique por escrito la decisión de eximirlos del reembolso de las subvenciones, buscando así asegurar respaldos formales y legales.

En conclusión, la decisión de eximir a las patronales de la devolución de las subvenciones en cuestión plantea diversas interrogantes sobre la transparencia en la concesión de fondos públicos y la necesidad de ajustarse a los procedimientos legales establecidos. La atención se centra ahora en cómo esta resolución impactará en futuras políticas de subvenciones y en la relación entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales.