Bruselas abre expediente a España por frenar la opa del BBVA

La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por, presuntamente, torpedear la opa del BBVA sobre Banco Sabadell mediante una intervención política que podría contravenir la legislación comunitaria. Bruselas considera que el Gobierno ha utilizado mecanismos discrecionales para frenar la operación, cuestionando así los principios de libertad de empresa y seguridad jurídica que rigen en el mercado único.

La decisión se produce tras meses de tensión institucional y empresarial, en los que el Ejecutivo español impuso condiciones que bloqueaban de facto la fusión durante al menos tres años, restando atractivo a una operación estratégica para el sector bancario español.

La injerencia política, bajo lupa europea

Según fuentes comunitarias, el expediente se abrió en el marco del procedimiento conocido como EU Pilot, que permite a la Comisión investigar posibles infracciones de los tratados de la Unión. En él se señala que las leyes españolas otorgan al Ministerio de Economía un poder de veto excesivo sobre operaciones bancarias, invadiendo atribuciones que son competencia exclusiva del Banco Central Europeo (BCE).

Bruselas ha trasladado una carta de emplazamiento al Gobierno, que ahora dispone de dos meses para responder y justificar sus actuaciones. Este proceso podría derivar, si no hay rectificación, en una denuncia formal ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Una operación politizada desde el inicio

La opa lanzada por el BBVA para adquirir Banco Sabadell ha estado marcada por la desconfianza del Gobierno, que impuso restricciones sin precedentes. Entre ellas, una cláusula que impide al BBVA fusionar las entidades hasta 2028 y que prohíbe cualquier ajuste de plantilla vinculado a la operación.

Fuentes cercanas a Competencia señalan que esta actuación no tiene precedentes comparables, ni siquiera durante la absorción de Bankia por CaixaBank, donde el Gobierno avaló el proceso sin objeciones relevantes.

“La operación debió aprobarse a finales de 2024”, aseguran desde el entorno de la dirección del BBVA, que ve en la actitud del Ejecutivo una clara interferencia política con consecuencias jurídicas internacionales.

Impacto normativo y respuesta exigida a España

Bruselas exige a España corregir disposiciones clave de su marco normativo, especialmente en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que confieren a Moncloa un margen de decisión excesivo.

“Estas normas socavan la independencia del BCE y vulneran el principio de neutralidad de mercado”, afirman fuentes comunitarias.

La Comisión también ha puesto el foco en el uso discrecional de la Ley de Defensa de la Competencia, cuyo empleo en esta opa podría estar siendo desviado de su finalidad original.

Una prueba de fuego para la seguridad jurídica en España

Este expediente supone un nuevo golpe para la imagen de España ante los inversores internacionales. El posible uso partidista de instrumentos regulatorios genera dudas sobre el respeto a las reglas del juego económico, en un momento de máxima sensibilidad para la banca europea.

Si el Gobierno no rectifica en el plazo previsto, Bruselas podría llevar el caso al TJUE y abrir un frente legal de gran calado, no solo para el Ejecutivo español, sino para el conjunto del sistema financiero nacional.