¡Atención parados! Desde noviembre, el desempleo viene con obligaciones fiscales
Esta obligación se establece en el real decreto-ley aprobado el 21 de mayo de este año, que busca simplificar y mejorar el nivel asistencial de la protección por desempleo. Esta medida ha sido confirmada por fuentes consultadas por Europa Press y fue adelantada por el medio Expansión.
El decreto, que fue inicialmente rechazado por Podemos en enero, fue revisado y presentado nuevamente por el Ministerio de Trabajo en los meses posteriores, incorporando las exigencias del partido morado. Finalmente, la normativa fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado en mayo. Entre las medidas más destacadas, acordadas con los sindicatos CCOO y UGT (aunque no apoyadas por la CEOE y Cepyme), se incluye un aumento gradual de la cuantía del subsidio por desempleo, que actualmente se sitúa en 480 euros al mes (equivalente al 80% del IPREM). También se amplía el colectivo de beneficiarios y se permite la compatibilidad del subsidio y la prestación contributiva de desempleo con un salario.
Además de estas mejoras, el Gobierno ha añadido la obligación para todos los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo de "presentar anualmente la declaración correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas," una disposición que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre. Esto significa que ya en la Campaña de la Renta de 2025 deberán presentar la declaración, marcando un cambio significativo en las obligaciones fiscales de los desempleados.
Hasta ahora, los beneficiarios de la prestación no estaban obligados a presentar la declaración de la renta a menos que superaran ingresos anuales de 22.000 euros, o de 15.000 euros si tenían dos o más pagadores y uno de ellos había abonado más de 1.500 euros anuales. Con este nuevo decreto, el Ministerio de Hacienda extiende la obligación de presentar la declaración a los beneficiarios de prestaciones por desempleo, que se suma a la ya existente para los autónomos, quienes también deben presentar la declaración independientemente de sus ingresos.
Además, el decreto establece que los beneficiarios de prestaciones por desempleo perderán su derecho a la ayuda si la entidad gestora determina que han incumplido la obligación de presentar la declaración de la renta durante un ejercicio fiscal. Esto conlleva también la imposición de sanciones por parte del Ministerio de Hacienda en caso de no cumplir con esta obligación.
Con estas medidas, el Gobierno busca asegurar una mayor fiscalización y control en la asignación de prestaciones por desempleo, así como mejorar la transparencia en la gestión de ayudas públicas. Sin embargo, esta normativa ha suscitado opiniones diversas sobre su impacto en los beneficiarios y en la administración de las ayudas.
