Las centrales nucleares Almaraz I y Cofrentes han anunciado su parada temporal a partir de la tarde del viernes. La central de Ascó, por su parte, con dos reactores, reducirá su potencia al nivel mínimo establecido por las normativas de seguridad nuclear. Esta decisión ha sido comunicada por las empresas energéticas Iberdrola y Endesa, quienes ostentan la posición predominante como accionistas en estas instalaciones, a los trabajadores afectados.

Este cese operativo responde a una compleja intersección de factores, siendo uno de ellos el crecimiento exponencial de la generación de energía renovable, que ha relegado a la energía nuclear en el mercado energético. Aunque se presenta como una medida programada, coincide con un momento crucial en las conversaciones con el Gobierno acerca del incremento de tasas vinculadas a los residuos nucleares.

Desde el sector, argumentan que el incremento de la generación renovable ha saturado el mercado, alterando el equilibrio de la oferta y la demanda energética. Se menciona, asimismo, una supuesta "parada programada" en el contexto de las negociaciones con el Gobierno, particularmente en relación con el aumento de las tasas de residuos nucleares.

Las fuentes de Iberdrola indican que actualmente se está observando una significativa penetración de fuentes renovables en el mercado, lo que ha desencadenado la oferta de la unidad 1 de las centrales de Almaraz y Cofrentes sin que estas sean llamadas a operar por el Operador del Sistema. Este escenario es la razón primordial detrás de la maniobra coordinada de parada y reducción de potencia en estas instalaciones nucleares.

La decisión de Ascó, cuyo accionista mayoritario es Endesa, con Iberdrola en un papel secundario, incluye la presentación de ofertas en el mercado del próximo sábado dentro de los límites mínimos permitidos.

Desde el ámbito energético, se recalca que la entidad encargada de determinar qué centrales operan y cuáles no es la Red Eléctrica Española (REE). Las empresas sostienen que no hay evidencia de campañas ni protestas relacionadas con temas fiscales y que la situación responde a dinámicas normales del mercado. Además, enfatizan que la parada y reinicio de estas instalaciones requieren un periodo de aproximadamente "10 días", según las declaraciones del sector.

En el contexto del mercado mayorista, el precio para el próximo sábado se sitúa en 0,59 euros por megavatio hora, marcando el sexto precio más bajo en la historia del mercado. Este valor compromete la competitividad de las centrales nucleares, caracterizadas por costos fijos elevados, y las sitúa en una posición desventajosa para competir eficazmente en el mercado.

Es esencial destacar que este escenario se desarrolla en un momento clave de las negociaciones entre las empresas energéticas, especialmente Iberdrola y Endesa, y el Gobierno, específicamente el Ministerio de Transición Ecológica. Las discusiones tienen como objetivo abordar el sobrecoste asociado al Plan de Residuos Nucleares en España.

Las compañías eléctricas expresaron su preocupación y objeciones ante el aumento del 40% en la tasa Enresa, el impuesto destinado a la gestión de residuos nucleares. Según las empresas, este incremento pone en riesgo la viabilidad económica de las centrales nucleares. La protesta de las empresas ha llevado al Ministerio a iniciar un nuevo proceso de consulta pública para recopilar opiniones y propuestas sobre esta tasa, cuya propuesta final aún no ha sido revelada.

En términos de cifras, la estrategia del equipo liderado por Teresa Ribera contempla un aumento significativo del 39,5% en la tasa Enresa, con el objetivo de cubrir sobrecostes estimados en 2.000 millones de euros asociados al nuevo Plan de Residuos Nucleares del gobierno (PGRR).

La propuesta inicial del Ejecutivo sugería elevar la denominada 'tasa Enresa' a 11,14 euros/MWh, un 40% más que la tarifa actual de 7,98 euros/MWh. La entrada en vigor de esta nueva tarifa está programada para el 1 de julio de 2024.

Es relevante señalar que el Foro de la Industria Nuclear Española, liderado por Endesa e Iberdrola, presentó recursos contenciosos administrativos contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC). El Foro Nuclear subrayó en comunicados previos que el nuevo PGRR generaba costos superiores a los inicialmente previstos debido a soluciones adoptadas y la falta de consenso entre las instituciones involucradas.

En su declaración del 8 de enero, el Foro Nuclear destacó que estos costos adicionales no deberían imputarse a las centrales nucleares españolas, que ya aportan anualmente al Fondo Enresa alrededor de 450 millones de euros.

Este complejo entramado de factores ilustra una situación crítica en la industria energética, donde la intersección de fuerzas del mercado, regulaciones gubernamentales y la presión financiera sobre las empresas propietarias de las centrales nucleares crea un escenario de incertidumbre y desafíos significativos para el futuro de la energía nuclear en España.