El FC Barcelona ha presentado una objeción contra la resolución del juez del 'caso Negreira', en la que se le acusa de cohecho. La respuesta del club catalán señala que esta acusación no debe extenderse a las juntas directivas que han liderado la institución desde 2001, cuando se iniciaron los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

En el escrito presentado por los abogados Cristóbal Martell y Marc Molins ante la Audiencia de Barcelona, se cuestiona la categorización de Negreira como funcionario y se solicita que el delito de cohecho se retire de la causa. En su lugar, el Barcelona busca que la investigación continúe únicamente por el delito de corrupción en el deporte, según la denuncia inicial de la Fiscalía.

El club sostiene que la nueva calificación penal podría tener un impacto significativo en la investigación, ya que llevaría a revisar periodos temporales y a imputar a personas adicionales. Además, el escrito destaca que la inclusión del cohecho retrocede hasta 2001, cuando comenzaron los pagos vinculados a José Enríquez Negreira y sus empresas.

La defensa del Barcelona argumenta que el instructor ha extendido en exceso la interpretación de los conceptos de funcionario público a efectos penales y ha abogado por definir claramente la prescripción del caso para evitar investigaciones interminables.

Los abogados también sostienen que Enríquez Negreira no puede ser considerado funcionario, ni siquiera a efectos penales, y que su actividad en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no equivale al ejercicio de una función pública. Argumentan que su nombramiento no se basa en una disposición legal expresa ni implica el acceso a una función pública por elección o designación de una autoridad competente, los cuales otorgan la condición de funcionario a efectos penales. La defensa concluye que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que nombró a Enríquez Negreira, tampoco posee la autoridad necesaria para otorgar tal condición, ya que carece de mando, capacidad y coacción para hacer cumplir lo mandado y jurisdicción para resolver conflictos. Por lo tanto, consideran que no puede imputarse cohecho al investigado en este caso.