El Govern ha aprobado este martes la memoria preliminar del anteproyecto de ley de comunicación audiovisual de Catalunya, lo que supone el primer paso para actualizar la ley vigente con el objetivo de asegurar "el presente y futuro" del catalán y para adaptarla a las directivas europeas.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, que ha defendido que el texto tiene el apoyo "de todo el Govern", al margen de que Junts registrara la semana pasada en el Parlament un texto con este objetivo.

Tras la memoria preliminar, Plaja ha asegurado que empieza ahora un periodo de consulta pública para dar voz al sector y para escuchar a todos los ciudadanos, y cree que con el texto se sustituye una ley que había quedado "obsoleta" porque es de 2005, con lo que no contemplaba cuestiones como las plataformas digitales.

% MÍNIMOS DE USO

El texto busca proteger la lengua catalana y aranesa en los medios de comunicación, con lo que establecerá los porcentajes mínimos de utilización de dichas lenguas en los medios de comunicación de la Generalitat y propondrá medidas de fomento de estas lenguas en el resto de medios y redes sociales.

Además, se quiere aumentar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación; reforzar la protección contra los contenidos audiovisuales que incitan el odio y promueven el terrorismo; proteger a los menores, y garantizar el acceso a los medios a las personas con discapacidad.

NORMA ESTATAL

La reforma también busca incrementar la seguridad jurídica de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, adaptando la regulación a las normas del Estado y europeas, y reforzar el régimen de control inspección y sanción de la actividad audiovisual sin título habilitante, función que recae en el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y la administración de la Generalitat.

También ha defendido que el impulso del anteproyecto catalán "no topa, en ningún caso" con el cambio legislativo que está llevando a cabo el Gobierno central, y ha constatado que el Estatut recoge que la Generalitat puede desarrollar normativa derivada de las normas europeas si estas sustituyen la norma básica del Estado.