El subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, aparece en el sumario que instruye el Juzgado número 5 de Santander sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria.

Según las escuchas realizadas por la Policía Nacional, a las que ha tenido acceso RNE, el subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, tenía agendada una comida en el restaurante tres estrellas Michelín El Celler de Can Roca junto al presunto cabecilla de la red, la mujer de este y dos responsables de la empresa Rucecan, que no se llegó a celebrar porque cuatro días antes el juzgado destapó la trama.

En concreto, el funcionario Miguel Ángel Díez, en prisión desde el 24 de febrero acusado de cohecho, malversación y falsedad documental, entre otros, tenía previsto viajar a Zaragoza junto al administrador de Rucecan, Secundino Vidal, en el mismo coche "para hablar de lo nuestro".

Según se revela en las escuchas, el destino final de ese viaje era Girona, el restaurante tres estrellas Michelín El Celler de Can Roca, donde tenía reservada una comida el sábado 25 para seis personas. Además de ellos dos, iban a estar la mujer de Miguel Ángel, Beatriz del Río, el socio de Rucecan Elías Celis, y Sebastián Martín y su mujer.

El nombre de Martín no estaba entre los principales implicados de la operación destapada el pasado día 22 ya que La Agencia Tributaria no ha detectado un incremento "significativo" en su patrimonio, pero sí "aparece en el sumario como una de las personas que iba a participar en esa comida".

Sebastián Martín es subdirector general de Carreteras desde hace menos de un año. El nombramiento de su cargo, de libre designación, fue publicado por el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 16 de marzo de 2022. Anteriormente, desde 2013 ocupaba el puesto de jefe servicio de Vías y Obras.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunció el pasado viernes las dimisiones del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (PRC), y el director general de Carreteras, Manuel del Jesús, con las que daba por asumidas las responsabilidades políticas por la trama de corrupción liderada por el jefe de servicio.

Asimismo, Gochicoa aseguraba esta mañana en la última rueda de prensa que ha ofrecido como consejero para dar explicaciones que se marcha "tranquilo" ya que ningún otro alto cargo ni funcionario de su Consejería, a parte de Miguel Ángel Díez, estaba implicado hasta el momento en la trama, si bien matizaba que la investigación aún sigue abierta. 

Gochicoa deja la Consejería de Obras Públicas "limpio" y "tranquilo" 

"Me voy dando la cara, con transparencia, porque así es como uno actúa cuando no se tiene nada que esconder", ha remarcado Gochicoa este lunes, en la última rueda de prensa que ha ofrecido como consejero antes de dejar el cargo, en la que se ha remitido al sumario de más de 4.000 folios para incidir en que "no hay absolutamente nada, ni una tacha" en torno a su gestión.

"No hay absolutamente nada que pruebe mi participación ni la de ninguno de mis altos cargos de la Consejería", así como la de ningún otro funcionario al margen del principal encausado, al menos hasta el día de hoy, ya que el proceso continúa abierto.

El hasta ahora titular de Obras Públicas convocó esta rueda de prensa para dar explicaciones al caerse la comparecencia que tenía previsto ofrecer hoy en el Parlamento a petición de los grupos de la oposición, que retiraron su solicitud al conocer la dimisión de Gochicoa y de su número 2, el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús, que anunció el viernes pasado el presidente regional, Miguel Ángel Revilla.

Gochicoa, que ha estado acompañado por el equipo de la Consejería y por varios consejeros regionalistas, ha explicado que presentó su dimisión "desde el primer momento" en el que salió a la luz la investigación que afectaba a su Consejería --"a pesar de que nadie de mi equipo está involucrado" y de que él "no ha nombrado" al supuesto cabecilla de la trama, que ocupa una plaza pública--, pero el presidente no la ha aceptado hasta que se han tomado medidas y se ha dejado "encauzada" la situación.

En concreto, se ha retirado a Miguel Ángel Diez como responsable de los contratos que gestionaba, se le ha cesado de su condición de jefe de servicio, se le ha suspendido de todas sus funciones y se le ha incoado un expediente sancionador para que, si queda en libertad, no pueda volver a su puesto como funcionario. Y en cuanto a las empresas implicadas --Rucecan, La Encina, Cannor y Api Movilidad--, se han solicitado medidas cautelares para que no puedan concurrir a las contrataciones que se les querían adjudicar presuntamente de forma irregular.

Y es que la investigación ha detectado posibles hechos ilícitos en una decena de contratos a estas sociedades que suman unos 34 millones de euros, todos ellos en licitación e incluso uno aún sin publicar, por lo que Gochicoa ha destacado que "estamos a tiempo" de que no se adjudiquen a las citadas empresas y así "el daño al erario público no habría existido", aunque el funcionario haya recibido compensaciones de estas sociedades.

Aún así, ha aclarado que desde el Gobierno "en ningún caso podemos prohibir a una empresa concurrir" a un concurso público a no ser que así lo determine la Justicia, que deberá pronunciarse al respecto.

Además, y dado que algunos de los servicios que implican a estas empresas no pueden dejar de prestarse --como el de viabilidad invernal--, se ha solicitado al juzgado que abra una cuenta para depositar los pagos correspondientes por ellos hasta que se decida cómo actuar.