La trama de Carreteras avanza entre prórrogas judiciales y silencios políticos mientras Revilla guarda distancia
La instrucción judicial de la conocida como trama de Carreteras de Cantabria continúa ampliándose en el tiempo, con una nueva prórroga de seis meses y la citación de testigos para el 28 de abril y de los investigados para el 14 y 15 de mayo. La investigación, que afecta a la Consejería de Obras Públicas durante gobiernos encabezados por el PRC, se centra en un presunto entramado de adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante años. El proceso acumula ya cuatro prórrogas y ha obligado a reforzar de nuevo el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, ante la magnitud del caso.
En el centro del sumario está Miguel Ángel Díaz, exjefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, acusado de haber amañado contratos públicos en favor de varias empresas, algunas de ellas vinculadas personalmente al investigado. Se le imputan cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude en la contratación pública. Estuvo seis meses en prisión preventiva y fue cesado de su cargo tras el estallido del escándalo en 2023.
Revilla: ni autocrítica ni asunción de responsabilidades
Aunque la investigación apunta directamente a actuaciones desarrolladas bajo el paraguas del último Ejecutivo regional presidido por Miguel Ángel Revilla, el veterano líder del PRC ha optado por mantenerse al margen del caso, limitándose a declaraciones genéricas sobre el respeto al procedimiento judicial. Un silencio que choca con su habitual hiperactividad mediática y con su historial de pronunciamientos rotundos cuando los escándalos afectan a otros partidos.
Revilla, que todavía ejerce como secretario general del PRC, no ha asumido ninguna responsabilidad política por la falta de control en su Consejería de Obras Públicas. La gestión de ese departamento, clave en la inversión pública regional, ha quedado en entredicho por la falta de transparencia y las evidencias de clientelismo, que están siendo objeto de análisis por parte del juzgado.
Su escasa implicación en el esclarecimiento del caso y la ausencia de autocrítica interna en el PRC refuerzan la percepción de un partido más preocupado por su supervivencia política –ahora en plena pugna interna por la sucesión de Revilla– que por esclarecer qué falló en su gobierno.
La sombra sobre una Consejería controlada por el PRC durante años
La Consejería de Obras Públicas, bajo responsabilidad del PRC durante varias legislaturas, es el epicentro de una supuesta red de adjudicaciones irregulares a favor de empresas como Rucecan, API Movilidad, Cannor y La Encina, todas ellas bien posicionadas en la obra pública regional. Según fuentes judiciales, el caso no solo afecta a contrataciones aisladas, sino que podría destapar una estructura continuada de favores e intercambios de intereses con dinero público como herramienta.
Las sospechas también alcanzan al entorno personal de Miguel Ángel Díaz, cuya esposa e hijas están siendo investigadas por su posible vinculación en el flujo económico de la red.
Más implicaciones: Gesvican en el punto de mira
Paralelamente, se ha abierto una pieza separada por supuestas irregularidades en Gesvican, empresa pública adscrita también a la misma Consejería. Aquí también se investigan presuntos delitos de cohecho y fraude en la contratación, lo que sugiere que las prácticas irregulares podrían haberse extendido más allá del área de Carreteras.
En ambos casos, llama la atención que ni Revilla ni su equipo más cercano hayan comparecido ante los medios para explicar o asumir errores. Tampoco han pedido disculpas a los cántabros por permitir que bajo su gestión se generaran las condiciones para estos presuntos abusos. La política de mirar hacia otro lado no parece estar funcionando, especialmente ahora que el PRC busca un nuevo liderazgo para las autonómicas de 2027.
¿Regeneración o continuidad encubierta?
La investigación judicial sobre la trama de Carreteras coincide en el tiempo con la transición interna del PRC, que ha reducido a dos los candidatos a la sucesión de Revilla. Sin embargo, si el partido pretende pasar página con credibilidad, no puede hacerlo sin abordar de frente las responsabilidades de su pasado inmediato.
Este caso es un recordatorio de la necesidad de instituciones fuertes, controles reales y políticos con vocación de servicio público, no de amiguismo. Si el PRC quiere continuar siendo un actor relevante en Cantabria, no bastará con sustituir a Revilla en la candidatura: deberá renovar su compromiso con la legalidad y la ética pública.
De lo contrario, el legado de Revilla podría quedar marcado no solo por sus décadas en el poder, sino también por los escándalos que prefirió ignorar.
