En Cantabria, la prestación de servicios de atención médica es esencial para el bienestar de su población. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha evidenciado un desafío constante en la cobertura de plazas destinadas a médicos de familia y pediatras en la región. Según los datos recopilados por la agencia de noticias EFE en Santander, aproximadamente un 17-18% de las vacantes destinadas a estos profesionales se encuentran recurrentemente sin cubrir. Este problema afecta directamente a la capacidad del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para garantizar una atención médica óptima y ha generado preocupaciones tanto en la Administración de Salud como en las organizaciones sindicales de trabajadores del sector médico.

El SCS, encargado de la prestación de servicios de salud en la comunidad autónoma de Cantabria, se ha visto enfrentado a una situación compleja en lo que respecta a la cobertura de plazas médicas. Concretamente, se trata de 62 puestos de médico de familia y 14 de pediatría que han permanecido vacantes en un porcentaje que oscila entre el 17 y el 18%. Este hecho ha generado una serie de desafíos que merecen ser analizados en profundidad.

Desde la perspectiva del SCS, esta situación se considera como una realidad habitual, con un nivel mínimo de necesidad en cuanto a la cobertura de plazas de difícil ocupación. No obstante, esta visión no es compartida por organizaciones de representación de los trabajadores, como el Sindicato Médico. Este último considera que la falta de médicos en Cantabria es un problema muy grave, que afecta de manera significativa tanto a la Atención Primaria como a los hospitales de la región.

En marzo de 2023, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud emitió un documento de mínimos sobre plazas de difícil cobertura. Este documento, de carácter orientativo, tenía como objetivo proporcionar directrices claras sobre cómo abordar la falta de médicos en ciertas áreas. Sin embargo, el Sindicato Médico lamenta que en Cantabria no se haya implementado este documento ni se haya adaptado a las circunstancias particulares de la región. Esta falta de acción contrasta con la mayoría de las comunidades autónomas, que ya han establecido sus propios criterios para abordar la problemática de la cobertura de plazas médicas.

Criterios para Definir Plazas de Difícil Cobertura. El documento de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud establece una serie de criterios para definir cuándo una plaza debe considerarse de difícil cobertura. Estos criterios incluyen la permanencia de plazas vacantes tras la publicación de dos o más concursos de traslados consecutivos, la falta de cobertura en procesos de oposición, la ausencia de aspirantes en las bolsas de trabajo de la correspondiente categoría, o el rechazo de los candidatos a nombramientos de interinidad o sustitución. La Consejería de Salud de Cantabria, en este momento, valora la situación como una realidad normal, con un grado mínimo de necesidad en lo que respecta a las plazas de difícil cobertura. Sin embargo, reconocen que están «preparando el escenario» y tomando medidas anticipativas, ya que es una problemática que afecta a otras regiones del país. Este enfoque apunta a la importancia de ser proactivo en la gestión de recursos humanos en el ámbito de la salud.  En cuanto a la Atención Primaria, la Consejería señala que «no existen vacantes que reúnan criterios de plazas de difícil cobertura». No obstante, reconocen ciertas dificultades en la contratación de sustituciones durante períodos de vacaciones o incapacidad laboral. Además, consideran que en la medicina rural y de familia aún persisten modalidades de contratación inadecuadas. La Atención Primaria es fundamental para el sistema de salud, ya que es la primera línea de contacto con los pacientes y desempeña un papel crucial en la prevención y el tratamiento de enfermedades.

En lo que respecta a la Atención Hospitalaria, la Consejería de Salud informa que actualmente se encuentran en estudio la cobertura de algunos puestos de trabajo de especialistas en el hospital de Laredo. Este hospital es uno de los centros de atención médica más importantes de la región y, como tal, la cobertura adecuada de plazas médicas es esencial para garantizar la calidad de la atención hospitalaria.

Sin embargo, la perspectiva del Sindicato Médico difiere significativamente de la Administración de Salud. Según los datos recopilados por el sindicato, actualmente entre un 20 y un 25% de la plantilla de médicos de familia y pediatras se encuentra en plazas de difícil cobertura. Esta cifra, aunque preocupante, solo refleja la situación actual y se tornará aún más evidente en los próximos años a medida que se produzcan jubilaciones en esas plazas y queden sin cubrir, tal como está ocurriendo en la actualidad.

La Gravedad de la Situación en Pediatría. En el caso de Pediatría, la situación es aún más crítica, según el Sindicato Médico. Argumentan que todas las plazas, exceptuando las de Santander, Torrelavega y sus zonas periurbanas, pueden considerarse de difícil cobertura. Esto se debe a que en la bolsa de contratación, en la que se reclutan médicos para ocupar puestos vacantes, solo hay cuatro personas disponibles y todas ellas trabajan a tiempo completo. La falta de pediatras puede tener un impacto significativo en la atención de los niños y adolescentes de la región, que requieren una atención especializada.

La Situación en la Medicina de Familia y Rural. El Sindicato Médico también advierte sobre la situación en la medicina de familia y rural, que se encuentra en una clara situación de deterioro y abandono. Argumentan que las próximas jubilaciones, la falta de un plan de recursos humanos para incentivar a los residentes a quedarse en Cantabria, y la precariedad laboral existente a pesar de la falta de profesionales, contribuirán a empeorar aún más la situación en los próximos años. La medicina de familia y rural es esencial para proporcionar atención médica en áreas remotas y rurales, donde el acceso a la atención médica a menudo es limitado.

Esta organización sindical lamenta que desde la Consejería de Salud se «niegue la evidencia». Como ejemplo, mencionan que localidades como Cabezón de Liébana, Voto y Polientes se encuentran actualmente sin médico de familia debido a que ningún facultativo de la bolsa de contratación ha aceptado los contratos de interinidad o sustitución ofrecidos. Esta falta de médicos puede tener un impacto significativo en las comunidades locales, que dependen de la atención médica cercana y accesible.

Ante esta problemática, tanto el SCS como el Sindicato Médico están buscando soluciones para garantizar una cobertura adecuada de las plazas médicas en Cantabria.

La Consejería de Salud está evaluando incentivos «para el caso de que se definan puestos de difícil cobertura». Además, están considerando la posibilidad de acceso mediante concurso en lugar de oposición, una fórmula que ya se ha implementado en Galicia. Asimismo, están explorando la posibilidad de contratar extracomunitarios que hayan completado el MIR sin necesidad de ser ciudadanos españoles. Estas medidas pueden ayudar a atraer a médicos calificados y abordar la falta de personal médico en la región.

Propuestas del Sindicato Médico.. Por su parte, el Sindicato Médico propone una serie de medidas para abordar la falta de médicos en Cantabria. Estas propuestas incluyen la consolidación del empleo a través de concursos (sin oposición) para aquellos médicos que permanezcan en esas plazas durante tres años, un mayor reconocimiento en la carrera profesional y en los traslados, incentivos económicos para el desplazamiento y la vivienda, así como facilidades para la formación e investigación. También sugieren la posibilidad de prejubilación entre los 60-65 años con el 100% de los beneficios. Estas propuestas buscan no solo atraer a médicos calificados, sino también retener a aquellos que ya trabajan en la región y fomentar una carrera médica sólida en Cantabria.

El Gobierno aumentará su contribución al costo de plazas en residencias al 75%

El Gobierno de Cantabria se encuentra en proceso de realizar una significativa modificación en la Ley de Derechos y Servicios Sociales con el objetivo de llevar a cabo un aumento sustancial en el porcentaje de contribución que asume en el costo de las plazas concertadas en residencias, específicamente en el contexto de hospitalizaciones o periodos de vacaciones de los residentes. Esta modificación propuesta busca elevar el nivel de participación gubernamental del 50% actual a un 75% del costo total de la plaza. La Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria, Begoña Gómez del Río, fue la encargada de dar a conocer esta importante decisión. Según sus declaraciones, la iniciativa surge de la comprensión de que, durante estos periodos en los que los residentes no se encuentran en las instalaciones de las residencias, estos centros continúan soportando todos los costos fijos asociados a su funcionamiento. Esto incluye los gastos relacionados con el personal, así como los costos de servicios públicos esenciales como electricidad y agua. Begoña Gómez del Río, al explicar la lógica detrás de esta medida, afirmó: «Entendemos que los centros siguen soportando todos los costes fijos durante esos periodos en los que el residente no está porque las residencias tienen los mismos profesionales, la misma luz y el agua. Así, cuando tengan un residente de vacaciones, el Gobierno de Cantabria abonará a la residencia el 75% de esa plaza». Esta decisión gubernamental se enmarca en un esfuerzo continuo por mejorar las prestaciones brindadas a los centros de dependencia en la región de Cantabria. El propósito subyacente es asegurar que estos centros puedan mantener un estándar de cuidado de alta calidad y centrado en la persona para los usuarios que dependen de sus servicios.

Gómez del Río señaló que este aumento al 75% en el costo de la plaza representa una respuesta positiva a una reivindicación histórica del sector. Además, el departamento que encabeza también se compromete a realizar una contribución económica adicional a los centros con el fin de atender sus costos generales. Esta contribución se ajustará de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Esta medida no se limita a incrementar la contribución gubernamental en el costo de las plazas. También incluye un aumento en los recursos destinados a compensar los costos de personal, lo que se llevará a cabo en línea con las mejoras en los convenios colectivos. Asimismo, se priorizará la voluntad de la persona en el sistema de libre elección de centro, permitiendo a los usuarios elegir el centro que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias.

La consejera resaltó la importancia de estas medidas para compensar los desfases que se han acumulado en los últimos años y proporcionar estabilidad a un sector que se dedica a atender a las personas, sus deseos y sus necesidades. Subrayó la necesidad de seguir avanzando con nuevas medidas y trabajar de la mano con las entidades, que son las que mejor conocen las necesidades diarias de las personas dependientes.