Sánchez y Junts "mercadean" con los inmigrantes
Polémico pacto entre el Gobierno y Junts: Cataluña acogerá solo 30 menores extranjeros mientras el resto de comunidades asumirán el grueso de la redistribución | El acuerdo, impulsado por Sánchez y Puigdemont, impone a las regiones gobernadas por el PP la acogida masiva de los menores no acompañados, generando críticas por su desigualdad y falta de transparencia
El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo con Junts para la redistribución de más de 4.000 menores extranjeros no acompañados, actualmente alojados en Canarias y Ceuta. Sin embargo, el pacto ha generado una fuerte polémica debido a su reparto desigual, ya que Cataluña solo recibirá entre 20 y 30 menores, mientras que la mayor parte serán enviados a comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) a través de un decreto del Ejecutivo.
El acuerdo, que se negoció en secreto con el partido de Carles Puigdemont, ha sido interpretado como una nueva concesión del PSOE al independentismo catalán, en un momento en el que el Gobierno busca el apoyo de Junts para otras iniciativas parlamentarias.
Acusaciones de favoritismo y críticas por la falta de equidad
El Partido Popular y otras formaciones políticas han criticado duramente la medida, acusando a Sánchez de imponer un reparto injusto y utilizar a los menores migrantes como moneda de cambio política. Desde el PP, se ha denunciado que Cataluña podrá decidir unilateralmente cuántos menores acepta, mientras que el resto de comunidades estarán obligadas a recibirlos por decreto.
"El Gobierno está imponiendo una carga desproporcionada a las regiones gobernadas por el PP, mientras blinda a Cataluña de asumir responsabilidades", denunció un portavoz popular.
Además, la plataforma Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición, también ha expresado su malestar por la falta de transparencia en la negociación con Junts. Comunidades como Madrid, Andalucía y Valencia recibirán cientos de menores, mientras que otras regiones con más recursos apenas asumirán una pequeña parte.
El pacto llega tras la cesión de competencias migratorias a Cataluña
Este acuerdo se suma a la reciente concesión del Gobierno a Junts, que otorga a Cataluña competencias en política migratoria. Gracias a esta medida, la Generalitat podrá otorgar permisos de residencia en base a criterios lingüísticos y culturales, una decisión que ha sido duramente criticada por otros gobiernos autonómicos.
"Sánchez está desmontando el Estado para contentar a los separatistas", denunció un dirigente del PP.
El nuevo decreto y el impacto en las comunidades autónomas
El decreto aprobado por el Gobierno modifica la Ley de Extranjería y establece un mecanismo permanente para la redistribución de menores no acompañados. Según las cifras preliminares:
- Madrid acogerá 806 menores
- Andalucía recibirá 795
- Comunidad Valenciana tendrá 478
- Aragón: 186
- Asturias: 150
- Baleares: 59
El Ejecutivo ha anunciado además un fondo de 100 millones de euros para las comunidades que asuman más menores. Sin embargo, varios gobiernos autonómicos han advertido que esta cantidad es insuficiente para cubrir los costes de protección, alojamiento, educación y sanidad de estos niños y adolescentes.
Preocupación por la falta de recursos y seguridad
Además de la carga económica, algunas comunidades han expresado su preocupación por la falta de planificación y el posible impacto en los servicios públicos. También hay inquietud por la presencia de mafias que explotan a estos menores y por el incremento de la delincuencia asociada a grupos juveniles vinculados a la inmigración irregular.
"No se trata solo de repartir menores, sino de garantizar su integración y seguridad. Sin recursos suficientes, esto será un problema", advirtió una fuente del Gobierno de Cantabria, que acogerá 171 menores.
El decreto, que deberá ser convalidado por el Congreso en abril, ha provocado una nueva crisis política entre el Gobierno y la oposición, que acusa a Sánchez de doble moral y deslealtad institucional.
Un nuevo frente de tensión política
El pacto entre el PSOE y Junts vuelve a dividir a España y reabre el debate sobre la gestión de la inmigración y el equilibrio territorial. Mientras el Gobierno defiende la medida como una respuesta solidaria a la crisis migratoria, la oposición denuncia una maniobra política que beneficia a Cataluña en detrimento del resto del país.
A medida que se acerquen las elecciones, esta decisión podría convertirse en un nuevo factor de desgaste para el Ejecutivo de Sánchez, que sigue dependiendo del apoyo de los independentistas para mantenerse en el poder.
