Óscar Puente, en un movimiento polémico, ha decidido llevar a los tribunales el caso de los 31 trenes de Cercanías y media distancia de ancho métrico, adquiridos por Renfe a CAF para Asturias y Cantabria, en un esfuerzo por mantener en secreto los entresijos de un diseño erróneo que data de 2019. Este paso se suma a las acciones de su predecesora, Raquel Sánchez, quien dejó el cargo sin revelar la documentación pertinente, a pesar de las demandas del Consejo de Transparencia (CTBG).

La empresa ferroviaria, apelando a la resolución del CTBG, argumenta que esta "sería, preliminar e indiciariamente, contraria a Derecho", insistiendo en que no se ha considerado debidamente a las partes del contrato vigente. Además, critica al CTBG por extender de manera inadecuada el régimen de documentos públicos a un contrato privado, destacando "defectos manifiestos en la Resolución" que complicarían su cumplimiento.

La resolución ejecutiva 969/2023 del CTBG, emitida el pasado 14 de noviembre, apoyaba la demanda de información frente a las negativas del Ministerio de Transporte, ADIF y Renfe para facilitar documentos que evidenciarían el conocimiento del diseño erróneo de los trenes, que resultaron ser incompatibles con las vías de Asturias y Cantabria por sus dimensiones.

El Ministerio de Transportes, defendiéndose, señaló que el contrato fue suscrito por Renfe y un proveedor privado, argumentando que cualquier explicación debería provenir de la empresa ferroviaria. Esta postura fue respaldada por ADIF, que también desvió la responsabilidad hacia Renfe, a pesar de que la normativa sobre las dimensiones de los trenes cae bajo la jurisdicción del Ministerio.

Renfe, por su parte, alegó que revelar los detalles solicitados provocaría "perjuicios reputacionales", defendiendo la ocultación de información bajo el pretexto de proteger su imagen y evitar impactos económicos negativos. Sin embargo, el CTBG desestimó estas excusas, ordenando al Ministerio de Transportes proporcionar la documentación requerida para esclarecer desde cuándo se conocían los errores y las medidas tomadas para corregirlos.

A pesar de recibir un aviso del CTBG para cumplir con la resolución, Óscar Puente opta por impugnar el mandato del organismo de transparencia a través de un procedimiento judicial, buscando seguir escondiendo los detalles de un escándalo que ha demorado significativamente la mejora del servicio ferroviario en el norte de España, evidenciando una lucha constante por la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.